El Pacto de violencia de género, el Instituto de la Mujer y los permisos de paternidad impulsan el gasto en igualdad
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha consignado un incremento en las partidas destinadas a la igualdad. De aprobarse el texto, el dinero destinado a financiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género será de 220 millones de euros, con el incremento de 20 millones de euros para los ayuntamientos comprometido por el Gobierno el pasado verano. Junto a ello, contempla la subida de un 21% del presupuesto para el Instituto de la Mujer con respecto a 2018 y el alza de los 308 millones de euros necesarios para financiar la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas.
Las cuentas presentadas este lunes por el Gobierno socialista prevén los 220 millones de euros acordados para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017. La cifra incluye los 80 millones gestionados por la Administración Central, la transferencia de 100 dirigidos a las comunidades autónomas y los 40 para los ayuntamientos. Aunque el texto aprobado por el Congreso habla de 20 millones para los entes locales, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se comprometió a duplicar el gasto.
Una parte significativa de este compromiso financiero se articula en torno a la partida de prevención integral de la violencia de género, que ha ascendido un 16,1% con respecto a 2018. En ella se incluyen las transferencias a comunidades y ayuntamientos y el dinero gestionado por la Delegación del Gobierno para esta materia, con líneas de crédito para programas de asistencia. Tal y como obligaba el documento del pacto, este último concepto ha crecido un 15% al pasar de los 39,5 millones a los 45.
Con este dinero el Ejecutivo pretende “alcanzar los objetivos perseguidos en el marco del Pacto de Estado”, para lo que quiere potenciar la coordinación entre diferentes organismos y unidades que intervienen en el proceso, la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mejorar los mecanismos electrónicos de protección o mejorar la respuesta “en investigación, atención y protección de las víctimas”.
Junto a ello, el proyecto de Presupuestos detalla algunas otras partidas en el ámbito de la violencia machista, como la justicia gratuita para las víctimas, un precepto también efectivo para las personas en situación de vulnerabilidad económica y que el Gobierno ha presupuestado en 49 millones. También incorpora el número de contratos laborales que prevé que estarán bonificados por contratación de mujeres víctimas de violencia de género y que cifra en 968. Las bonificaciones en general se han presupuestado en 1.855 millones de euros, pero no desglosa qué parte se corresponde con las víctimas y con otros colectivos vulnerables.
Más dinero para los organismos de igualdad
Por otra parte, el dinero de los Presupuestos Generales del Estado destinado a los organismos encargados del cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sube este año un 33%. En total, son 26,5 millones los destinados a esta materia. Este año con el Gobierno de Sánchez están dentro de la partida del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; el año pasado estaban dentro de la de Sanidad. Además. Este 2019 se dividen entre dos entidades: la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de la Mujer.
El año pasado, el gasto, que era de 19,8 millones de euros, iba en su totalidad para el Instituto de la Mujer. El presupuesto de ese organismo aumenta a 23,9 millones de euros en 2019. Es decir, de ejecutarse, su presupuesto crece en un 21% respecto a 2018. Dentro de esa partida se encuentra la financiación por parte del Instituto de Sociedades, Entidades Públicas Empresariales o Fundaciones para que trabajen en la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, a la Fundación SEPI para el impulso de las mujeres en la ciencia; a la CEOE para el desarrollo de liderazgo y promoción de directivas; o al Convenio con la Cruz Roja, CEPAIM, FSG y FEUP para el desarrollo del programa Sara sobre integración sociolaboral de mujeres.
En cuanto a la Secretaría de Estado de Igualdad, el dinero destinado son 2,5 millones de euros. La Secretaría tiene entre sus funciones proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en materia de eliminación de toda clase de discriminación de las personas no solo por razón de sexo sino también de origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual o identidad de género, edad o discapacidad. También la coordinación de las políticas de la Administración General del Estado en materia de igualdad de trato y de oportunidades. Es un área que se creó en 2010, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y se recuperó con el gobierno de Sánchez, con Soledad Murillo al frente.
Ampliación de permisos de paternidad
El acuerdo de Presupuestos para 2019 suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos incluía la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad. Las cuentas que la ministra de Hacienda presenta este lunes en el Congreso incluyen una partida para sufragar la ampliación prevista este año: de salir adelante los Presupuestos, los permisos de paternidad pasarán de cinco semanas a ocho semanas. En total, estos permisos costarán 825 millones de euros, 302 millones de euros más que en 2018, cuando el permiso era de cinco semanas. Supone un aumento del 57,7% de la partida destinada a estas prestaciones.
La equiparación pactada implica llegar a las ocho semanas en 2019, a 12 en 2020 y a 16 en 2021, año en el los permisos ya estarían totalmente igualados.
En conjunto, todas las prestaciones que implican cese temporal en el trabajo por nacimiento de hijos, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia se dotan con 2.858 millones de euros, un 11,7% más que en 2018. Ese aumento es consecuencia de la ampliación del permiso de paternidad y del crecimiento general de personas beneficiarias.
Las cuentas incluyen también una novedad: una deducción en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que incorporen mujeres en sus consejos de administración. El Gobierno dice que el objetivo de esta medida es “incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en dichos órganos de decisión, incorporando de esta forma la perspectiva de género al Impuesto”. Falta, sin embargo, los detalles de cómo funcionará exactamente esta deducción.
