La Inspección de Trabajo recuperará un papel más activo en el control de los despidos colectivos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.

Laura Olías


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La Inspección de Trabajo tendrá más voz en los despidos colectivos, tras su limitación en la reforma laboral del PP de 2012. Es lo que ha plasmado el Ministerio de Trabajo en el Plan Estratégico del organismo público para los próximos años, entre 2021 y 2023, que ha aprobado este martes el Gobierno.

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El 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021-2023' marca los pasos del organismo público que controla el cumplimiento de la legislación laboral para los próximos años. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacaba este martes, al presentar tras el Consejo de Ministros la nueva hoja de ruta de la autoridad laboral, que esta va a ver reforzadas “sus capacidades” de vigilancia de la legislación en los ERE (expedientes de regulación empleo).

El objetivo es recuperar un papel más activo de la Inspección después de su limitación de competencias en el pasado, tras suprimir el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 la autorización administrativa previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos, con la eliminación de sus competencias en la vigilancia de las causas de los expedientes.

Ahora, el plan aprobado por el Gobierno prevé que “la Inspección pueda informar sobre las causas del despido colectivo”, explica el Ministerio de Trabajo a preguntas de elDiario.es. Para ello, “será necesario un cambio legal”, prosiguen estas fuentes.

Esto no significa que se vaya a recuperar la autorización previa al mandato del PP. Según explican en Trabajo, implicará que la Inspección “volverá a tener voz” sobre las causas de los ERE. Ahora, recordaba Yolanda Díaz, la autoridad laboral solo se pronuncia acerca de dos cuestiones: si se respeta el periodo de consultas y que esté toda la documentación requerida.

Al pronunciarse también sobre las causas de los expedientes de regulación, este informe serviría a los trabajadores para impugnar un despido colectivo irregular en los tribunales, por ejemplo.

Contra la discriminación

Yolanda Díaz también subrayaba este martes que el nuevo plan pretende “ampliar la mirada” de la Inspección de Trabajo para que vigile más ámbitos de la legislación laboral, “abarcando todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos de trabajadores”.

En este sentido se encuadra la creación de dos nuevas unidades de vigilancia: una Oficina contra el Fraude en el Trabajo Transnacional y una Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación. Esta última “aboga por combatir de forma real y eficaz todo tipo de discriminación, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, entre otros”, destacan en Trabajo.

La ministra destacó que la idea es perseguir, con personal especializado, las posibles discriminaciones a las que se enfrente una persona durante su carrera profesional. Desde problemas en el acceso por su raza, sexo o su orientación sexual, por ejemplo, hasta la expulsión del mercado de trabajo por motivos de edad. Yolanda Díaz subrayó que tras la discriminación por razón de sexo, que margina a las mujeres, la motivada por la edad es también muy numerosa en el mercado de trabajo en España, que expulsa de sus puestos a personas de avanzada edad.

Además, el Plan Estratégico también centrará esfuerzos en la “modernización” de la Inspección de Trabajo, con un papel muy importante de la inteligencia artificial y el cruce masivo de datos (big data). Estas herramientas tecnológicas, sumadas al conocimiento y la experiencia del personal humano, han permitido a Trabajo detectar un número récord de contratos temporales fraudulentos en lo que va de año: más de 267.000. Alrededor de 82.400 en solo dos semanas, gracias al último Plan de Choque contra la temporalidad abusiva.

Yolanda Díaz actualizó este martes las cifras de fraude detectado por la Inspección de Trabajo sobre ERTE. Hasta la fecha, se han abierto 44.393 expedientes para vigilar el cumplimiento de la legislación de estos expedientes temporales debidos a la pandemia, de los que 35.190 han finalizado y 5.832 han terminado con sanción, por haberse detectado algún tipo de infracción, explicó la ministra.

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