La construcción pide mayor ambición al Gobierno en el plan de recuperación

Madrid, 8 oct (EFE).- El sector de la construcción y la edificación considera un acierto que el Gobierno haya planteado la rehabilitación de medio millón de viviendas en el plan de recuperación que remitirá a Bruselas, pero le pide que sea más ambicioso y aproveche los fondos europeos para regenerar barrios y ciudades.

La rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años (2021-2023) supera con mucho la propuesta de la patronal de pasar de las 30.000 casas que se rehabilitan anualmente en España a 120.000, por lo que su presidente, Juan Lazcano, ha dicho a Efe que el anuncio le parece “estupendo” y ha calculado que supondría una inversión de 8.000 millones de euros y la creación de 208.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

En España de los 10 millones de edificios existentes (con casi 26 millones de viviendas) solo un 5 % están construidos con el Código Técnico de la Edificación, un 40 % con la normativa básica de 1979 y un 55 % sin ninguna normativa, y el 80 % de ellos seguirán en pie en 2050, cuando la Unión Europea (UE) se propone alcanzar la neutralidad de emisiones.

También el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, considera positivo poner el foco sobre la rehabilitación de viviendas, aunque cree que ésta no debe afrontarse únicamente desde el punto de vista energético, sino que se deberían promover las rehabilitaciones integrales.

Pide además al Gobierno que no se centre solo en viviendas y edificios, sino que aborde este plan “desde el punto de vista de la regeneración urbana, es decir, de barrios”, y que contemple la rehabilitación de equipamientos públicos obsoletos, como colegios y hospitales.

“Creemos que sería bueno que con esos fondos se diese un impulso para dejar esos equipamientos preparados para los próximos veinte o veinticinco años”, ha señalado Comerón en declaraciones a Efe.

Los arquitectos creen asimismo que el Ejecutivo debería asignar parte de los fondos de la UE a atender el problema de la falta de vivienda a precios asequibles en las grandes ciudades.

EL “PLAN BOTÍN”

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), su secretario general, Daniel Cuervo, coincide en este punto y defiende que los fondos europeos podrían utilizarse, tanto para ampliar la oferta de vivienda en alquiler asequible, como para ayudar a los jóvenes en la compra de su primer piso, a través del llamado “plan Botín”, que propuso el pasado mayo la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín.

Este plan permitiría a las entidades financieras conceder hipotecas a los jóvenes por el 95 % del precio de la vivienda, con una garantía del ICO del 20 %.

Los promotores calculan que dar luz verde a esos créditos del ICO podrían suponer la construcción de 350.000 viviendas para jóvenes en tres años, con la consiguiente recaudación para las administraciones de más de 16.000 millones de euros.

En el sector aseguran que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, es “receptivo” a esta medida, pero que la titular de Economía, Nadia Calviño, es contraria, porque considera que los créditos del ICO deben dirigirse a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Daniel Cuervo también aboga por aprovechar los fondos de la UE para “renovar y regenerar las zonas urbanas de una forma completa, no poniendo parches”, y actuar en núcleos de concentración de población consolidados para mejorar la calidad de vida.

A su juicio, si la rehabilitación consiste en “mejorar la calificación de los edificios en una o dos letras”, no solo “aportará poco al usuario”, sino que el objetivo de las 500.000 rehabilitaciones será “difícil de cumplir”.

“Están siendo ambiciosos en el número de viviendas (a rehabilitar), pero no lo están siendo en el tratamiento”, lamenta.

En la misma línea, reclama al Gobierno que sea “ambicioso” a la ahora de modificar -como ha prometido- la normativa que afecta a la actividad empresarial y los plazos de la administración.

A este respecto, Juan Lazcano ha avanzado que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) prepara un documento con las modificaciones legislativas que ven necesarias.

Junto con la nueva ley de la administración pública y la reforma de la ley de contratos, la ley de régimen jurídico y la de subvenciones que prevé el Gobierno, la CNC pide que se modifique la ley de desindexación.

Aseguran que esta hace “prácticamente imposible” la colaboración publico-privada, porque la rentabilidad a la que obliga está “muy lejos de la rentabilidad económica para sacar adelante una concesión”.

Según Lezcano, bastaría una orden ministerial para eliminar que la rentabilidad en las concesiones no pueda superar el bono del Estado a diez años más veinte puntos básicos y dejarla al albur del mercado.