La OCDE pide a España que no rebaje el impuesto de sucesiones y que elimine desgravaciones para grandes fortunas
Como en cada proceso electoral autonómico, el impuesto de sucesiones ha aterrizado en los programas electorales de los partidos en Andalucía. El PP lleva por bandera la eliminación de este tributo, que grava las herencias, y que ya fue reducido a comienzos de año por un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, un informe de la OCDE pone en evidencia la necesidad de España de elevar sus ingresos por este gravamen.
En el documento de recomendaciones que ha presentado el organismo esta semana incluye un apartado dedicado en exclusiva a este impuesto. En concreto, la OCDE señala que en los últimos años la tendencia internacional es a reducir los impuestos a empresas y empleados y subir la imposición indirecta. En este campo encuadra al impuesto de sucesiones.
La OCDE asegura que “se ha concluido que el uso de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos”. En este sentido, asegura que en España “existe margen para reforzar” el papel de este impuesto. El organismo apunta que “tiene sentido” que este impuesto lleve acompañado una serie de desgravaciones para no castigar a las pequeñas herencias.
Sin embargo, apunta que hay Comunidades Autónomas que han llevado este tipo de medidas hasta el extremo. Es en este punto donde señala directamente a Andalucía y a la reforma del impuesto que entró en vigor este año. “Los hijos y cónyuges pueden llegar a recibir hasta un millón de euros libres de impuestos, mientras que en Francia solo están exentos 100.000 euros”, apunta el informe. Y añade que “el promedio de riqueza por adulto en España se encuentra significativamente por debajo de ese umbral”.
Así, concluye la OCDE, “deberían reconsiderarse las desgravaciones en el impuesto concedidas a los estratos más acomodados”. En este sentido, solicita al Gobierno que se coordine con las comunidades para evitar “una carrera a la baja” entre ellas y problemas de “residencia fiscal ficticia”. Para que esto sea efectivo propone que se instaure un tipo mínimo de este impuesto.
“Existe margen para reforzar el papel de los impuestos sobre sucesiones en algunas comunidades autónomas de España, en particular porque las desigualdades de riqueza, aunque siguen siendo relativamente bajas, se han incrementado en cierta medida en los últimos años”, añade el informe del organismo.
El organismo económico añade que los estudios sobre fiscalidad concluyen que “el uso de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos” por lo que le llama a las Administraciones Públicas españolas a “reconsiderar las desgravaciones en el impuesto sobre sucesiones concedidas a los estratos de población más acomodados”.
Respecto al impuesto de patrimonio, la OCDE asegura que se puede considerar que grava ingresos por los que ya se ha tributado. Sin embargo, reconoce que puede tener un uso “redistributivo” siempre y cuando se basen en el patrimonio neto total y si el umbral de exención es lo suficientemente alto como para excluir los ahorros a lo largo de una vida de los estratos menos acaudalados. “Estos impuestos pueden incentivar el uso productivo del capital y gravar ingresos que en primera instancia pudieron eludir el IRPF”, concluye.
Una reforma de la contratación pública
La OCDE rebajó el miércoles la previsión de crecimiento para España, sin embargo, este jueves realizó una rueda de prensa conjunta con Nadia Calviño, ministra de Economía, en la que defendió la “competitividad” de la economía española así como las medidas que está tomando el Gobierno, entre ellas la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros.
En su extenso documento, la OCDE también pone deberes a España en materia de pensiones, de regulación laboral, o en la lucha contra las desigualdades provocadas en la salida de la crisis. Entre las medidas propuestas, también plantea la necesidad de realizar una reforma de la contratación pública.
En concreto, anima a España a imponer una “competencia saludable” en la contratación pública. Según la OCDE, esto provocaría una reducción de los costes para la administración, una mejora de la innovación en las empresas y un avance en la calidad de los bienes y servicios. Además propone incrementar el volumen de concesiones a las pymes lo que “puede estimular el crecimiento de estas empresas”.
Buena parte del informe hace referencia al mercado laboral español. La OCDE alerta de la necesidad de seguir reduciendo la tasa de paro y redoblar esfuerzos en el desempleo juvenil y el de larga duración. Para ello, anima a tomar medidas que mejoren la formación de los empleados y que se aborde el “todavía alto” nivel de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
En este apartado también pone el foco en dos aspectos: mujeres e inmigración. La OCDE critica que todavía España se sitúa por encima de la media en brecha de género, así como que las mujeres sean las más expuestas a los trabajos temporales y de menor remuneración. Para atajar este problema, solicita una apuesta decidida por la educación de 0 a 3 años que permita una mayor participación de la mujer al mercado laboral, así como modelos de contratos flexibles que permitan aumentar la contratación de mujeres.
Respecto a la inmigración, la OCDE anima a España a crear políticas para “atraer e integrar” a la población inmigrante en el mercado laboral. Según figura en el informe, el comercio en España podría verse beneficiado por la población inmigrante, ya que favorecería especialmente la salida al exterior de las pymes en condiciones de mayor competitividad. Además, apunta que la población inmigrante “especialmente la más cualificada” traería consigo mejora de la innovación.
