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El organismo que investiga a los 705 sospechosos de la 'lista Montoro' tiene sólo 85 empleados

Los inspectores de Hacienda han advertido de la insuficiente dotación de personal del Sepblac, la principal unidad de lucha contra el blanqueo en España

La propia entidad avisa de que "personas ajenas" a ella están "utilizando indebidamente el nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio"

Ha detectado visitas a entidades financieras, bufetes y notarías de impostores que "pretenden realizar una supuesta inspección" por actividades ilícitas

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El número dos de Guindos avanzó que la amnistía no eximía de delitos previos

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. EFE

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la principal Unidad de Inteligencia Financiera de España, tiene en su punto de mira a 705 “personas expuestas políticamente” por indicios de blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro en 2012, entre ellas, presumiblemente, al exvicepresidente económico, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, detenido esta semana.

Para llevar a cabo su labor, el SEPBLAC cuenta con una plantilla que actualmente asciende, según fuentes del Ministerio de Economía (al que está adscrito) a 85 personas, integrada mayoritariamente por policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y del Banco de España.

El organismo que ha precipitado la caída definitiva a los avernos del hasta hace poco emblema del "milagro económico" del PP, tras detectar movimientos sospechosos en varias de las sociedades de Rato, tiene una asignación presupuestaria de once millones de euros para este ejercicio y unos medios humanos que, si bien son superiores a los de hace 20 años (cuando eran poco más de 60 funcionarios), no son suficientes a juicio de la organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

En octubre pasado, IHE publicó un documento con propuestas para atacar la corrupción en España en el que criticaba que el Sepblac "solo tiene una plantilla de 80 personas, no pudiendo asumir las importantes funciones que le exigen las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo". En él, los inspectores abogaban, entre otras medidas, por crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que aglutinase, "como máximo responsable y coordinador" en esta materia, a la Fiscalía Anticorrupción y la "multitud de órganos con competencias en materia de lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción", entre los que están la UDEF (Policía Nacional), la UCO (Guardia Civil), o la ONIF (Agencia Tributaria) o el propio SEPBLAC.

Visitas de impostores

Irónicamente, uno de los puntales del Estado en la lucha contra el fraude tiene desde hace tiempo un aviso en su página web en el que advierte al público de que hay quien está usando su nombre para, presumiblemente, cometer estafas. El organismo dice que "ha tenido conocimiento de que personas ajenas a él están utilizando indebidamente el nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio"; algunos de los colectivos a los que supervisa "están recibiendo la visita de personas que se presentan como vinculadas con el Servicio Ejecutivo y pretenden realizar una supuesta inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".

El Sepblac recuerda que "las inspecciones u otras actuaciones del Servicio Ejecutivo se realizan siempre siguiendo un cauce estrictamente formal, en el que la realización de la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter previo y con antelación suficiente". Asimismo, recuerda que no está entre sus funciones "el ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de multas o sanciones". El aviso, según fuentes de Economía, no es nuevo: lleva colgado en su web desde mediados de 2013.

Los orígenes del organismo datan de la Ley 40/1979 de régimen jurídico de control de cambios. Nació como un servicio para la vigilancia de las operaciones en el exterior, aunque su configuración actual data de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y cobró mayor importancia cuando se intensificó la coordinación internacional en materia de lucha contra el terrorismo y el blanqueo tras los atentados del 11-S en 2001.

La entidad, cuyas actuaciones son, por ley, confidenciales, recibe y analiza las comunicaciones de operaciones sospechosas que tienen que realizar las entidades obligadas por la actual ley antiblanqueo (de 2010) por operar en sectores especialmente sensibles: bancos, aseguradoras, empresas de envío de dinero, inmobiliarias, casinos, registradores de la propiedad, abogados o notarios, entre otros "sujetos obligados".

Concluido este análisis, si hay indicios de criminalidad en las operaciones, el Sepblac, que también puede actuar de oficio, elabora informes de inteligencia financiera que remite a los Cuerpos Policiales o a la Fiscalía. La unidad, además, es la autoridad supervisora de la normativa, como encargada de inspeccionar el cumplimiento de los deberes de prevención por parte de las entidades legalmente obligadas.

El organismo, cuyo director general es actualmente Juan Manuel Vega, tiene como presidente de la Comisión de la que depende y máximo responsable al titular de la Secretaría de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que esta semana ha avanzado en el Congreso los principales resultados de sus actuaciones del año pasado. Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo crecieron un 15% (hasta 4.637) y, como resultado de sus análisis, el Sepblac remitió 4.680 Informes de Inteligencia Financiera, con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la ONIF como principales destinatarios.

Aunque Fernández de Mesa no ofreció datos de 2014, normalmente el Sepblac archiva en torno al 20% de las comunicaciones que recibe de las entidades obligadas por no haber podido concretar o confirmar la existencia de indicios de las vinculaciones de las operaciones con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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