Los sindicatos demandan a Hunosa y SEPI por las prejubilaciones de la minería

Las Federaciones de Industria de CCOO, Soma Fitag UGT y Cuadros de la Minería han presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) demandas contra Hunosa y SEPI por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con los prejubilados, que afecta a alrededor de 7.000 mineros.

El secretario de Acción Sindical de Soma-Fitag-UGT, Daniel González, ha explicado que la reclamación se refiere a los planes sociales de los periodos 1998-2005 y 2006-2012, tras la decisión adoptada por Hunosa y la SEPI de suprimir complementos “amparándose en un interpretación errónea del artículo 22.3 de la Ley de Presupuestos y de un informe de la Abogacía del Estado”.

González, quien ha considerado que se trata de una decisión “claramente política” que “agrava” la situación en las comarcas mineras“, ha advertido de que los ”continuos recortes“ en las prejubilaciones ”han originado que en el año 2012 cada trabajador hubiese tenido una pérdida de 2.200 euros de poder adquisitivo“.

“Hemos mantenido contactos con Hunosa, no así con la SEPI”, ha dicho González, para quien “no hay nada que negociar; sólo pedir y exigir que se cumpla lo pactado”.

El responsable de Prejubilados de la Federación de Industria de CCOO, Fabian Álvarez, ha subrayado que les hubiera “gustado” no haber tenido que presentar esta reclamación “si se hubieran respetados los acuerdos que se suscribieron ya en 1998”.

En su opinión, las medidas relativas a las prejubilaciones, además de a los propios afectados, están “perjudicando a las cuencas” por una pérdida de en torno a un millón de euros al mes, ha dicho.

Álvarez ha descrito una situación “gravísima” por los “incumplimientos y el ataque frontal a la producción del carbón y el futuro de las comarcas”, y ha asegurado que las movilizaciones de los prejubilados continuarán para exigir que “se respeten los acuerdos firmados con un gobierno de su mismo signo político en 1998”.

La demanda, ha precisado, está dirigida a Hunosa, SEPI y Vida Caixa, al considerar los sindicatos que, “en mayor o menor medida, todos están incumpliendo”.

Fuentes de Hunosa han declinado hoy pronunciarse sobre la presentación de la demanda, si bien la compañía estatal minera explicó, cuando se conoció esta medida “de austeridad”, que fue aplicada por “imperativo legal” al estar incluida en la ley de Presupuestos Generales del Estado y ser Hunosa una empresa del sector público estatal.