Trabajo prevé que la subida del salario mínimo sea su primera iniciativa en 2022

El alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será la primera iniciativa legislativa que lleve el Ministerio de Trabajo al Consejo de Ministros y una de las primeras grandes medidas del año para la coalición de Gobierno, según fuentes de ese departamento. La subida del SMI para 2022 es una de las iniciativas que figura en el Plan Anual Normativo que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que se quedó pendiente al acabar el pasado año, cuando la coalición no quiso abrir ese melón en plenas negociaciones de la reforma laboral y tras haberlo subido en septiembre sin el acuerdo de la patronal.

La subida del SMI –ahora en 965 euros al mes– será una de las primeras medidas del Gobierno, que va a fijar su nivel para el año 2022 tras reunirse con los agentes sociales. Este encuentro aún no está fijado, pero se prevé que se anuncie en breve. El Ministerio de Trabajo ha dicho hasta el momento que el salario mínimo se incrementaría desde enero, por lo que habrá que ver si se aprueba con efectos retroactivos desde el día 1.

Pero, además, el salario mínimo también está pensado como una de las últimas medidas que aprobará el Ejecutivo en este ejercicio, ya que el Ministerio de Trabajo ha incluido la previsión de aprobar el SMI para el próximo año, 2023. Se volvería así a la aprobación del salario mínimo a finales de año, en los últimos días de diciembre, como era habitual, al contrario de lo que ha sucedido en los dos últimos años marcados por la pandemia. El alza de 2023 es especialmente relevante, ya que ese año tendría que alcanzarse la cuantía del 60% del salario medio para cumplir con el acuerdo de coalición. Este se ciñe a la recomendación de la Carta Social Europea para esta remuneración legal mínima.

El Plan Anual Normativo contiene un total de 368 iniciativas normativas que la coalición pretende sacar adelante a lo largo de todo el año. Muchas de ellas ya formaban parte del documento previsto para 2021 y del que se cumplió menos de la mitad. De esas normas, 92 serán leyes -once de ellas orgánicas- y el resto reales decretos, que no requieren aprobación parlamentaria. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es el encargado de presentar la “hoja de ruta” anual, ha explicado que el 40% de las iniciativas están relacionadas con el Plan de Recuperación y Resiliencia con el que el Gobierno pretende contar con 140.000 millones de euros en préstamos y transferencias en los próximos años.

Bolaños ha señalado que la mayoría de iniciativas se articulan en torno a los ejes de ese plan, que está en consonancia con las prioridades de Bruselas. Así, ha explicado que en el pilar de la transformación digital tienen en cartera leyes como la de Ciencia, “que va a garantizar una carrera investigadora atractiva”, la ley de industria para actualizar la de 1992 que ha sido “superada por las circunstancias”, una ley para garantizar el 5G o un estatuto de start ups para estudiantes. En el caso de la transición ecológica, ha citado una ley para establecer las normas para la gestión de la PAC, una ley de pesca sostenible y una ley de modernización de la de energía nuclear.

En los apartados de cohesión social y territorial ha mencionado la ley de vivienda para “fomentar alquileres a precios razonables”, que está pendiente de los informes de órganos como el Poder Judicial antes de remitirse al Congreso, la eliminación de los copagos y la ley de servicios sociales para que la “cartera sea la misma” en todo el país. “Vamos a aprobar una ley contra el racismo y otras formas de intolerancia”, ha dicho el ministro, que también se ha referido a una ley que afecte a los pequeños municipios para que la población tenga los “mismos servicios” independientemente de donde vivan.

En el apartado de igualdad de género se ha referido a la modificación legal para incorporar aspectos del Pacto de Estado de lucha contra la violencia machista, los cambios en la ley del aborto, y una ley contra la trata con la que el Gobierno pretende, según ha explicado Bolaños, “abolir la prostitución”. Esa idea, no obstante, no tendrá una ley propia, que era el compromiso que alcanzó el PSOE en su 39º Congreso y que suscitaba problemas en el seno de la coalición y también con sus aliados parlamentarios. La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe de forma definitiva para su remisión al Parlamento la ley trans, que se retrasó por las discrepancias entre Carmen Calvo e Irene Montero y que finalmente contempla la autodeterminación de género. Otra de las normas que ha enunciado Bolaños es la de trabajo corresponsable, para facilitar la conciliación, con la que se va a trasponer además una directiva europea.

Bolaños ha explicado que la prioridad del Gobierno en ese plan normativo es la “consolidación del crecimiento económico” y también avanzar en derechos y libertades. Por eso, en el bloque de regeneración ha incluido una regulación de las relaciones con los grupos de interés a través de una modificación de la ley de transparencia. Sin embargo, no está en los planes del Gobierno abordar cambios en esa normativa que afecten a la Casa Real en la línea de la “hoja de ruta” de la que habló Pedro Sánchez hace un año y de la que no se conoce ningún avance.

Otro de los asuntos mollares que se ha quedado, de nuevo, fuera del plan del Gobierno es la reforma del Código Penal. El compromiso de la coalición fue incluir cambios en la legislación penal para modificar las penas por delitos de sedición, pero se ha quedado congelada en el ecuador de la legislatura. La reforma integral del Código Penal no figura en el Plan Anual Normativo, según ha reconocido Bolaños. Lo que sí aparece es la reforma para acabar con el maltrato animal, que era un compromiso de la coalición. Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que incluiría los cambios para los delitos de sedición y rebelión en una modificación integral de la legislación penal que ha ido enfriando consciente de que no tendrá el apoyo del PP pero tampoco de las fuerzas independentistas.

Tampoco está en las prioridades del Gobierno para este año hacer las modificaciones penales para los delitos de expresión que anunció en febrero del año pasado en plena polémica por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. A pesar de haber asegurado que era un plan del Ministerio de Justicia, Moncloa no pretende que vea la luz, al menos desde el Gobierno, pero en el Congreso hay una proposición de ley presentada a instancias de Unidas Podemos, que por ahora también está paralizada.