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La vivienda vuelve a enfrentar al PSOE con sus socios en el debate de la Ley propuesta por los colectivos sociales

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El Congreso de los Diputados vivirá este martes una nueva paradoja con el debate y votación de una proposición de ley sobre el derecho a vivienda, elaborada por la sociedad civil española, cuando el Gobierno de coalición está en proceso de aprobar la primera normativa estatal en este ramo. Han sido nueve partidos los que lo han hecho posible, los habituales apoyos del actual Ejecutivo: ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias, BNG, y el mismo partido que forma parte del Gobierno, Unidas Podemos, y que dio el visto bueno a la Ley de la Vivienda ya en tramitación y que ahora se pone en duda.

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Estas formaciones registraron en septiembre el texto de la iniciativa por una Ley que garantice el derecho a una vivienda elaborado por Plataforma de Afectados por las Hipotecas, la PAH, el Movimiento Nadie Sin Hogar y Sindicatos de Inquilinas principalmente, junto a los sindicatos de trabajadores mayoritarios, y que cuenta ya con más de 120 adhesiones de entidades sociales.

El pasado jueves, un movimiento rápido de muñeca de EH Bildu y la CUP, cuando decidieron usar su cupo de comparecencias en pleno, ha provocado la toma en consideración esta propuesta en sede plenaria. La iniciativa pone en una situación complicada a los dos miembros del Gobierno de coalición. Al PSOE, ya que se tendrá que posicionar en contra y votar junto al Partido Popular y Vox, y a Unidos Podemos, ante la contradicción de apoyar una ley como partido del Gobierno y, a la vez, respaldar otra normativa alternativa.

Señal del desasosiego en el Consejo de Ministros es el empeño en las últimas 48 horas de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con las competencias de vivienda en su cartera, en confirmar que el texto oficial será entregado al Parlamento, con toda seguridad, antes de que acabe el año. Este ministerio, a preguntas de elDiario.es, declina valorar la iniciativa que se debatirá este martes y confirma estar “trabajando en la aprobación definitiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que será la norma que oriente la política de vivienda del Gobierno”.

Tampoco la parte ejecutiva de Unidas Podemos está tranquila. La ministra de Derechos  Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, insistió el pasado fin de semana por su parte en que el anteproyecto oficial será mejorado en su tramitación en la fase de enmiendas, intentando así rebajar el potencial efecto de las reivindicaciones del movimiento de vivienda en sede parlamentaria. Una fuente oficial de este ministerio confirma a elDiario.es que el grupo parlamentario morado "propondrá en el Congreso rebajar de 18 a 3 los meses el "vacatio legis" de la regulación de precios que incluye la nueva Ley de Vivienda". Esto es, el tiempo de entrada en vigor desde la aprobación de la Ley. Según, una fuente de Unidas Podemos, este partido está elaborando ya una serie de enmiendas para tratar de mejorar los contenidos del texto en el período de tramitación.

Sin embargo, o al mismo tiempo, es este mismo partido uno de los nueve que apoyarían previsiblemente en la sesión de hoy el paso a trámite del texto del tejido social, contradicción parlamentaria que demuestra las chispas que se ocultan tras las carteras ministeriales. Fuentes de Unidas Podemos indican que la propuesta de los colectivos "tiene ideas buenas para mejorar la del Gobierno. Lo importante de la Ley de Vivienda es que se logre una mayoría parlamentaria, por lo que la negociación es fundamental para sacar adelante una ley de vital importancia como es esta", explican.

Esta Ley es, hoy por hoy, la principal zona de fricción en el Gobierno de coalición. Cuando se entregó el anteproyecto al Consejo de Ministros a finales de octubre, ya se vieron los distintos posicionamientos de las dos almas de la coalición: el PSOE lo apostaba casi todo a los incentivos fiscales a pequeños propietarios para que bajen los precios del alquiler, y al aumento de parque público de vivienda a medio y largo plazo, mientras que Unidas Podemos decidió tirar de épica para vender precipitadamente la victoria de que el derecho a una vivienda digna podría tener su desarrollo legislativo.

La aritmética parlamentaria exige que el grupo parlamentario del PSOE vote a favor de la propuesta ciudadana para permitir que ese texto entre en la rueda de tramitaciones legislativas, tenga su debate plenario, sea enmendado y votado finalmente. No sería esta la primera vez que hay dos textos legislativos debatiéndose en el parlamento español sobre un mismo tema, ha ocurrido recientemente con la modificación de la llamada ley Mordaza



Críticas de las entidades del derecho a la vivienda

Este anteproyecto gubernamental ha sido ampliamente criticado por las entidades de defensa del derecho la vivienda y creadoras del texto alternativo, por su poca concreción en temas como la regulación de alquileres, que deja en manos de las comunidades autónomas y de su color político, la declaración de zona tensionada que permita el control de precios. Para Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, "esto anticipa una buena colección de conflictos entre ayuntamientos y comunidades, pero tampoco hay que preocuparse mucho, porque creemos que el verdadero truco llega en el Artículo 18_4, que viene a decir, siempre según nuestra interpretación y a falta de que sus redactores demuestren oficialmente otra distinta, que el hecho de que una región reconozca la declaración de una zona tensionada no significa que esta esté obligada a aplicar la regulación de precios contenida en la ley estatal, sino que tendrá libertad para aplicar las medidas que estime necesarias".

Otras divergencias de calado son la definición de gran tenedor, que las entidades proponen reducir a más de cinco; la insuficiente protección ante los desahucios en situación de vulnerabilidad o el retraso en la puesta en marcha del índice de referencia de precios de alquileres hasta 18 meses después de la aprobación de la Ley, necesario para aplicar la potencial regulación de alquileres. Ahora, y tras la información proporcionada a este diario por el ministerio de Derechos Sociales, de ser admitida la futura enmienda morada al texto del Gobierno en su fase de tramitación, se reduciría a tres meses, eso sí, si las comunidades autónomas admiten la declaración de zona tensionada, condición que no variaría.

"De entre las ausencias más incomprensibles en el texto del Gobierno, está la de que de una Ley de esta magnitud no cuente con un capítulo que explique los recursos que han de destinarse a la inspección efectiva del cumplimiento de los preceptos de la propia Ley", explica Fernando Bardera.

Tampoco se contempla la modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación a la duración inicial y las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler. "Es otra necesidad ninguneada en este anteproyecto. En la Ley que nosotras hemos presentado proponemos un cambio en este sentido, que permita diseñar planes de vida a largo plazo. Creemos que las prórrogas obligatorias deberían pasar de los actuales 5 y 7 años, a 7 y 12, pero además creemos imprescindible proteger casuísticas de especial vulnerabilidad, como mayores de 65 años, población con incapacidad laboral permanente, discapacidad superior al 33% o con alguna lesión permanente, víctimas de violencia de género, o personas que llevan más de 20 años residiendo en esa vivienda", continúa. 

Los socios del Gobierno esperan que el PSOE apoye su tramitación

Para Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, el redactado que se presenta hoy "no es una alternativa al anteproyecto de ley del Gobierno, sino que es una proposición original a iniciativa de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda, trabajada conjuntamente con partidos como Esquerra Republicana".

Vallugera considera que esta tiene un marcado carácter "social y garantista que colisiona frontalmente con quien ve la vivienda única o principalmente como un bien de mercado", y apunta que, de acuerdo a su criterio, no se justifica que los socialistas no vayan a apoyar su tramitación parlamentaria. De hacerlo, "supondría la constatación de que el Partido Socialista se encuentra doblegado a los intereses financieros", concluye.

Joan Baldoví, desde Compromís, otro de los partidos que apoyan el pase a tramitación de la propuesta de la sociedad civil, recuerda que "según datos del CGPJ, en el tercer trimestre de 2021 se han ejecutado en el Estado 8.202 desahucios. Confío en que el Partido Socialista sea capaz de estar a la altura del compromiso que adquirió con la ciudadanía y con el resto de partidos del bloque de la investidura y, entre otras cosas, apruebe las medidas que se proponen en el debate de hoy", explica en relación a la votación.

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