La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este miércoles que llevará ante la Fiscalía a la Generalitat Valenciana por anular una sanción que la Inspección de Trabajo impuso a una empresa por la muerte de un trabajador durante la DANA. “Eso sí que es corrupción, política y moral”, acusó Díaz en una respuesta parlamentaria en el Congreso.
Díaz ya señaló en octubre que el Gobierno de Carlos Mazón había anulado sanciones que la Inspección de Trabajo impuso por infracciones laborales el día de la DANA, entre ellas la multa de 50.000 euros a la televisión regional À Punt por poner en riesgo a sus empleados el día de la catástrofe, que la Generalitat revocó al considerar que “no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”.
En esta ocasión, la responsable de Trabajo del Ejecutivo ha anunciado que llevará ante la Fiscalía la anulación de una sanción impuesta a una UTE por la muerte de un trabajador, que falleció volviendo a casa “porque alguien decidió que la productividad estaba por encima de su integridad”.
Según ha dicho Díaz, la empresa concesionaria le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias.
“La Inspección de Trabajo actuó, levantó acta, señaló responsabilidades y documentó la conducta empresarial negligente”, ha explicado Díaz, pero la Generalitat recovó esa sanción alegando que el empresario no incurriría en ninguna responsabilidad porque el resultado lesivo se habría producido por fuerza mayor, algo que niegan desde el ministerio. “Como si el hecho de que hubiese un fenómeno catastrófico eximiese de la obligación de tomar medidas en lugar de redoblarlas”, denuncian desde el departamento de Díaz.
Durante su respuesta a la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que la interpeló sobre los casos de acoso sexual y corrupción denunciados en el seno del PSOE, Díaz afimó que hechos como la revocción de esa sanción “degradan las instuciones”. “¿Usted cree que ese trabajador no merece respeto? ¿Creen ustedes que cuando actúa la Inspección de Trabajo puede venir un cargo político y anular ese acta?”, le espetó.
La revocación de las actas de infracción de los actuantes de la Inspección de Trabajo por la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana en este caso, no es en absoluto frecuente, según fuentes consultadas del funcionamiento de estas sanciones laborales.
El conseller de Interior de Mazón emitió, los días posteriores a la DANA, unos “salvoconductos”, como se ha referido a ellos Díaz, para permitir desplazamientos de trabajadores, cuando el Ministerio de Trabajo estaba lanzando justo el mensaje contrario, priorizar la prevención y la seguridad. Por ello, el Gobierno central llegó a aprobar unos “permisos climáticos” retribuidos para aquellos trabajadores que no pudieron acudir a sus puestos de trabajo.
La Inspección de Trabajo ha abierto más de un centenar de expedientes a empresas que, presuntament, incumplieron la normativa laboral en el marco de la DANA. Díaz ya señaló entonces que “no hay ninguna orden o salvoconducto que sirva para impedir una norma como es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.