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La Comunidad tiene doble número de casas de apuestas por habitante que Galicia, y piden paralizar licencias

Una pintada en una casa de apuestas de Getafe, Madrid, en mayo pasado

José L. Aroca

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La Asamblea de Extremadura ha aprobado con los votos de los cuatro grupos políticos presentes pedirle al Gobierno regional que no conceda ni una licencia más para casas de apuestas, ya que a finales de 2018 había 114 en 38 localidades, una por cada 9.000 habitantes, lo que supone el doble que en Galicia, donde acaban de frenar la apertura de más negocios de ese tipo.

En Galicia según la diputada Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura (UPE), hay 118 locales y 41 tiendas de juego, lo que da la relación de uno por cada 17.000 habitantes, e indicaría que nuestra Comunidad es ya “zona saturada”.

El Parlamento, con esa propuesta aprobada este jueves, se dirige por tanto a la Junta para que no conceda más licencias durante un año, aunque es cierto que desde que en febrero pasado se aprobó un decreto extremeño especial para atajar el problema, de las seis licencias solicitadas el Gobierno regional solo ha concedido dos según el diputado socialista Jorge Amado, que ha apuntado además respecto a Galicia que allí hay casi 3.200 máquinas de juego en los bares “mientras aquí no hay ninguna”.

Desde febrero pasado funciona un decreto autonómico extremeño que impide abrir casas de juego a menos de 300 metros de centros educativos, y deben guardar 250 metros una de otra, pero no se puede aplicar de forma retroactiva a las que ya estaban abiertas, o tenían solicitada la licencia; además en la renovación de permisos tampoco será de aplicación.

La propuesta que se ha aprobado era de Unidas por Extremadura y ha sido enmendada por el PP, pero finalmente ha salido adelante con los 64 votos presentes de PSOE, PP, Ciudadanos y UPE.

La nueva heroína

Las casas de apuestas empezaron a abrirse en 2015 y pronto la asociación contra la ludopatía descubrió que, frente al juego tradicional donde entraban mayores de 35 años, estos nuevos locales se llenaban de jóvenes, y por eso buscaban ubicarse cerca de los centros de secundaria. Según De Miguel, a la hora de los recreos o bocadillos los estudiantes se gastan en jugar el dinero que sus padres les han dado para esa comida.

Además proliferan en las barriadas más pobres. Madrid y Asturias, aparte de Galicia, han aprobado ya cortar la concesión de más licencias.

Las casas de apuestas, afirma De Miguel, “no es un juego, la ludopatía es el problema sanitario y social que más crece, y entre los jóvenes es donde más lo hace”.

Se trata de parar las nuevas aperturas durante un año, mientras se saca una normativa para proteger a los menores y otras personas vulnerables, garantizar el orden público, y dar seguridad contra el fraude. “Es urgente, estos lucrativos negocios colonizan barrios, destrozan familias; es la heroína de nuestros días, este ocio no es sano sino perjudicial para la sociedad”.

Equipos extremeños de fútbol

Luis Hernández Carrón, del PP, ha dicho que el decreto autonómico de febrero llegó tarde y mal porque “la semilla ya se había extendido”, y espera que se pueda llevar a cabo la prohibición de publicidad del juego en equipaciones e instalaciones, patrocinios o similares, que afectaría a todas las categorías deportivas.

“Hay equipos extremeños de fútbol”, reprocha Carrón, “equipos señeros, patrocinados por casas de apuestas, pero con la Iglesia hemos topado, o con una de las religiones, el fútbol”.

Jorge Amado (PSOE) ha informado que el Gobierno retirará el recurso que presentó contra la ley extremeña del juego, y advertido que pese a las tentaciones que pueda haber para regularlo, “el juego es legal, no se puede poner ley seca, ni retroactividades a voleo, hay que alcanzar un equilibro entre la seguridad jurídica del sector, que tiene sus empleados, y el juego responsable, sin perjudicar a nadie”

Se ha manifestado contra las “agresivas campañas publicitarias”, que hacen presión sobre el consumidor: “Hay que regular esta publicidad a escala estatal, y el PSOE en su programa electoral lo lleva, que esas campañas se controlen o atajen”.

Para Joaquín Prieto (Ciudadanos) “como padres no queremos a nuestros hijos adictos al juego, bastante tenemos con vigilar las plataformas on line”.

Cs es partidario de que en las renovaciones de licencia de esos locales se obligue a respetar la distancia mínima de 300 metros a centros educativos, y aunque finalmente han votado a favor, no estaban de acuerdo en suspender las concesiones de licencias. “¿Quiénes somos para decir a una empresa o autónomo que no abra?”.

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