Podemos trata de evitar otra vez que Iglesias declare sobre las expulsiones en Extremadura

La defensa de Podemos ha pedido de nuevo a la jueza que no cite a su secretario general, Pablo Iglesias, para que comparezca el próximo 22 de enero como parte demandada en el juicio contra la formación morada, por la presunta expulsión irregular de seis afiliados de Extremadura.

En el escrito el abogado de Podemos pide a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid que remita “una rectificación” a Iglesias “en el que se le informe de que no es necesaria su asistencia bajo ninguna calidad (testigo ni representante legal de Podemos)”.

El letrado ya recurrió en dos ocasiones anteriores, ambas sin éxito, en un juicio que se viene aplazando una vez tras otra.

Ahora reitera que “Pablo Iglesias no conoce de los hechos”, y critica la “finalidad espuria” de la parte denunciante que “solo busca la difamación del secretario general del partido a cuenta del proceso”.

El Comité de Garantías Democráticas Estatal del partido expulsó a estos seis afiliados, junto a otras cinco personas, alegando que lanzaron “acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos” y facilitaron información reservada y comunicaciones internas durante una rueda de prensa en Mérida el 27 de julio de 2016.

No tiene nada que ver

Sobre estos hechos, Podemos afirma que “Iglesias no aparece en ningún modo en el expediente del actor, ni firma ninguna de las resoluciones, ni pertenece a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal ni al Consejo de Coordinación de Extremadura, ni ha participado y/o conocido el caso concreto, y ello es así además, porque él Sr. Iglesias no debe interferir en las competencias sancionadoras” ni del Consejo ni de la Comisión mencionadas.

La citación fue acordada “in voce” en la vista del pasado 19 de junio para la petición de prueba por la magistrada, que accedió a la solicitud de los denunciantes por ser un interrogatorio de parte y Pablo Iglesias el representante legal de Podemos.

Pero la defensa alega que “es la persona jurídica la que debe designar a la persona física que la ha de representar en el acto del juicio y no la contraparte”, por lo que propone al gerente Pablo Manuel Fernández, que formaba parte de aquella Comisión.

Ante esta petición, el abogado de los seis denunciantes ha solicitado por escrito a la jueza que se esté a lo acordado.

Explica que “por segunda vez la parte demandada viene a solicitar infringir el precepto de invariabilidad de las resoluciones judiciales” y con ello “retrotraer la secuela del procedimiento a un momento procesal ya precluido; lo cual es también inadmisible, incluso disparatado, viniendo de profesionales del derecho”.

Además, carga por su afirmación en la que habla de “finalidad espuria del actor”, por lo que solicita la imposición de corrección disciplinaria de apercibimiento por falta de respeto.