Organizaciones agrarias dicen que la nueva Ley prepara un pucherazo en las próximas elecciones al campo
El proyecto de ley agraria elaborado por la Junta inicia este jueves su andadura parlamentaria con un pesado lastre. El rechazo de buena parte de las organizaciones más representativas del campo extremeño. Las organizaciones Upa-Uce y Coag están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para pedirles que retiren esa ley. “Que devuelvan el toro a los corrales”, en palabras del dirigente de Coag Juan Moreno.
Las organizaciones agrarias ya se han reunido con los regionalistas de Prex-Crex, con el PSOE y el miércoles esperan mantener un encuentro con IU.
Ese proyecto de ley que es una recopilación y actualización de normas agrarias, e incluye también en su articulado un cambio radical en la manera de plantear las elecciones en el campo, la fórmula que permite conocer la representatividad de cada organización agraria y su influencia en el sector.
Tanto Upa-Uce como Coag están indignadas con el nuevo planteamiento que propone la Consejería de Agricultura ya que creen que con esas medidas se prepara el camino para un pucherazo en las próximas elecciones agrarias.
Ignacio Huertas señala que ese proyecto no cuenta con garantías democráticas suficientes: “se trata de una consulta, no de elecciones democráticas; ya que cuenta con un censo aleatorio en el que los agricultores y ganaderos que cobren menos de5.000 euros no podrán votar”.
Pura propaganda
Con respecto al conjunto de la nueva ley, los dirigentes agrarias consideran que este proyecto no aporta ninguna solución a los problemas reales del campo extremeño, que necesita, en su opinión, dos puntos de atención: el precio de los productos y la financiación de las explotaciones. Sobre ninguno de los dos habla la ley, se queja Moreno.
Para Huertas, la nueva ley no pasa de ser una chapuza legislativa y no tiene otro objetivo que la propaganda electoral. El dirigente de Upa-Uce indica que lo único que se desprende de todo este proyecto es la promesa de que se va a hacer todo a partir del día después de las próximas elecciones, “cuando en realidad tenemos la experiencia de estos cuatro años que han sido recortes en los presupuestos propios, recortes de hasta un 50 con respecto al 2010 en seguros agrarios, recortes en sanidad animal y vegetal…”
El Gobierno regional otorga un notable protagonismo a esta iniciativa legislativa y en reiteradas ocasiones resalta que entre su articulado está el blindaje a la hora de destinar el 25% del PIB regional sector agraria.
Sin embargo, la portavoz adjunta del PSOE en Agricultura Ana Soguer explicó al término de la reunión con las organizaciones agrarias, que ese compromiso de blindar el 25% del presupuesto no es cierto, ya que esconde unas frases que quitan valor a la promesa: “las puesta en marcha de esta medida (de destinar el 25% al sector agrario) se supedita a la evolución general de la economía y a las disponibilidades económicas”.
