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La Junta marca el 6 de noviembre como fecha tope para que los presupuestos entren en la Asamblea

Foto de archivo de la presentación de los Presupuestos de 2018 en la Asamblea

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La Junta espera poder registrar los Presupuestos Generales de Extremadura para 2019 antes del 6 de noviembre. Este martes comenzó la toma de contacto con los grupos políticos con representación en la Asamblea con el fin de “empezar a hablar con aquellos que quieran hablar con nosotros”. 

Esta fecha permitiría tenerlos aprobados antes de que acabara 2018, ya que el 2019 “es un año especial” porque a primeros de abril se disuelve el Parlamento. También se ha puesto como tarea que todas las leyes que están todavía pendientes de ser enviadas o presentadas como propuestas de ley lo sean antes del 15 de diciembre, con el fin de que antes de finales de marzo puedan estar aprobadas.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha explicado en rueda de prensa que se ha propuesto este día “como fecha tope” después de que la pasada semana se haya analizado el texto articulado y se se haya visto un primer avance de los números en el Consejo de Gobierno.

Un aumento de las cuentas

No ha adelantado cifra concreta “porque sería cerrarnos a cualquier negociación”, aunque ha indicado que será un presupuesto que tendrá crecimiento, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) está de acuerdo con la perspectiva de crecimiento que se establece.

Con un crecimiento del entorno del 2 por ciento debe de haber un incremento de la recaudación el año que viene y derivado de eso la posibilidad de incrementar también el presupuesto, entre otras razones porque había compromisos adquiridos como son los seguros agrarios, la subida de los empleados públicos o infraestructuras importantes.

Presupuesto del Estado

También ha destacado la importante repercusión que tendrá para Extremadura el Presupuesto General del Estado por cuestiones como la subida de las pensiones mínimas un 3%, de la que se beneficiarán 160.000 pensionistas o la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con en correspondiente aumento del poder adquisitivo.

A su juicio estas dos cuestiones son solo unos “ejemplos visibles” de lo que significa que un presupuesto sea elaborado por gobiernos progresistas o por conservadores.

 

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