582 euros de multa y 16 días de arresto domiciliario, petición fiscal para el Campamento Dignidad
Un centenar de personas han acudido para apoyar a los miembros del Campamento Dignidad que este lunes han sido acusados en Mérida, en un juicio de faltas, de haber entrado con violencia en la Dirección General de Política Social de la Junta de Extremadura, donde al final registraron en mayo pasado un escrito pidiendo más rapidez en el pago de la renta básica.
La vista se ha celebrado a puerta cerrada, sin presencia de público ni de periodistas por orden de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida.
Para los cuatro acusados su abogado defensor ha pedido la absolución; el fiscal solicita para los cuatro multas por un importe total de 582 euros, y además para dos de ellos 8 días de localización permanente en cada caso, petición a la que se ha sumado la empresa de los tres guardias de seguridad del organismo oficial, que es la que ha presentado la denuncia.
Uno de los cuatro miembros del Campamento Dignidad que se han sentado en el banquillo es el ex coordinador regional de Izquierda Unida, Manuel Cañada, que ha declarado que con este tipo de juicios se está intentando criminalizar a los movimientos que luchan en Extremadura por la renta básica.
Tras el juicio de faltas iba a empezar otro, por presunto delito de ocupación de unas viviendas a medio construir en una barriada también de Mérida.
El otro juicio ha quedado suspendido
Por otro lado ha quedado suspendido el juicio oral contra tres miembros del Campamento Dignidad, a los que acusa de usurpar las viviendas de Los Álamos de Mérida. Ha quedado aplazado porque la mercantil Urbasevi, la administración concursal que presentó la acusación particular, no ha acudido a la vista.
El motivo de la suspensión ha sido porque la acusación particular tenía que comparecer al mismo tiempo como testigo, y al no aparecer ha quedado aplazada la vista oral, en la que la Fiscalía mantiene su acusación.
