Imputados por contar la verdad

Acaba de llegar a la redacción de eldiario.es un burofax del juzgado número 29 de Madrid. No es una buena noticia. Es una citación para Raquel Ejerique y para mí. Tendremos que acudir el próximo jueves ante el juez, acusados del delito de “descubrimiento de secretos”. Vamos en calidad de “querellados”, asistidos por nuestros abogados. Es el primer paso de una imputación. Este delito, en el Código Penal, se castiga hasta con siete años de cárcel.

Aún no tenemos la querella –nos la entregarán el jueves–, pero sí sabemos quién, cuándo y por qué la presentó: fue Cristina Cifuentes, hace dos meses, para tapar su responsabilidad. Es uno de los dos procesos penales que la expresidenta de Madrid inició contra eldiario.es por contar la verdad sobre el máster que la URJC le regaló.

Justo hoy se cumplen tres meses desde que publicamos la primera información sobre esa investigación, el 21 de marzo. Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, decíamos en el titular de esa exclusiva que en este tiempo ha quedado más que acreditada. Cifuentes tuvo que dimitir, acorralada por una moción de censura. Ahora está imputada en otro juzgado de Madrid junto con los muchos profesores y funcionarios que participaron en ese presunto fraude que, gracias a eldiario.es, se descubrió.

Aún es pronto para saber si esta “querella criminal” de Cristina Cifuentes prosperará. La estrategia de sus abogados parece clara: si triunfa en este juicio contra eldiario.es, intentará anular el otro que tiene como imputada, argumentando que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente.

También han citado, en la misma querella presentada por Cifuentes, al profesor de la URJC Salvador Perelló. Es la persona a la que el diario El Mundo señaló como nuestra supuesta fuente. Ni Ejerique ni yo contaremos jamás si realmente fue una de las muchas personas que nos pasaron información porque nunca desvelamos nuestras fuentes; solía ser una regla sagrada para toda la prensa y para eldiario.es aún lo es. Tampoco lo haremos incluso si nos lo ordena el juzgado porque nos asiste nuestro derecho al secreto profesional.

Personalmente estoy muy tranquilo, todo lo que se puede estar cuando te llega un burofax así. No hemos cometido ilegalidad alguna porque, por encima del derecho a la supuesta privacidad de unas notas académicas que eldiario.es no obtuvo de forma ilegal, está el derecho constitucional a la información. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional ha sentenciado en varias ocasiones que el derecho a la información de los ciudadanos prevalece en aquellos casos donde queda acreditado el interés informativo. Y con el máster de Cifuentes no solo está más que probado el interés informativo sino que, gracias a nuestro trabajo, la justicia encontró los indicios de serios delitos que está investigando ya.

No nos asusta la querella, aunque llegue a prosperar. Si somos condenados por hacer nuestro trabajo será una medalla profesional, no un demérito. Si volviese a ocurrir, lo volveríamos a hacer.