Un grupo de politólogos, economistas, historiadores, juristas y periodistas ha propuesto una interesante reforma de la ley de partidos para evitar el “deterioro de la política”. Son siete ideas a las que es difícil poner peros; son todas bastante sensatas y estoy de acuerdo con ellas.
1. Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
2. Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.
3. Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.
4. Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
5. Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.
6. Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.
7. Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.
Sin embargo, echo en falta algunas cosas. Sin entrar en la reforma de la ley electoral, que es otro tema, para que los ciudadanos recuperen la confianza en la política hace falta algo más: transparencia. Se me ocurren algunos puntos más, que creo claves
1. Publicar anualmente la contabilidad y presupuestos de los partidos con todo el detalle de gastos, ingresos, sueldos, donaciones y subvenciones públicas.
2. Dedicación exclusiva para la política. Que sea incompatible cobrar un sueldo de un partido o como cargo público con ingresos del sector privado. Que no se puedan cobrar al mismo tiempo varios sueldos cuyo origen es siempre público.
3. Reformar el Tribunal de Cuentas para que sea verdaderamente independiente de los partidos, tenga medios para fiscalizar sus cuentas y capacidad sancionadora.
Seguro que me olvido de alguna idea más. ¿Cuál es tu propuesta? Déjala en los comentarios.