El 25 de noviembre es el día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. SOS Racismo se suma a dicha reivindicación y quiere llamar la atención sobre la situación particularmente vulnerable de las mujeres a sufrir la violencia machista.
En sus recorridos migratorios, debido a las trabas que ponen los estados para poder acceder a los mismos por vías legales y seguras, las mujeres migrantes, al igual que los hombres, han de enfrentar violencias y riesgos que implica tener que realizar un viaje clandestino. Pero además, en el caso de las mujeres se añaden las violencias sexuales, vejaciones, extorsiones, violaciones, abusos e incluso la muerte, por el hecho de ser mujeres. De ahí que denunciemos la responsabilidad de esos mismos gobiernos que se suman a esta conmemoración y cierran los ojos a esta tragedia en cuyo origen están también barreras legales y policiales que la facilitan.
Así mismo, en el plano interno del Estado español, hay que recordar que las mujeres inmigrantes tienen casi seis veces más riesgo de ser asesinadas que las autóctonas. Más allá de las interpretaciones culturalistas y simples que busquemos, hay que profundizar para buscar las causas multifactoriales de este hecho. Y uno de los que mayor peso tiene ante estas muertes, son los obstáculos que estas mujeres han de encarar para acceder a los recursos que establece la legislación. Pese a lo que recoge la Ley Integral contra la violencia de género, existen una serie de trabas que dificultan el acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos especializados. Tampoco la ley contempla la influencia que tiene la situación familiar de estas mujeres en los países de origen, como puede ser tener criaturas, etc. que coartarían su libertad a la hora de enfrentar la violencia.
Por otro lado y a pesar de los cambios legislativos, la situación administrativa es un condicionamiento legal de primer orden. Las mujeres que llegan a España en procesos de reagrupación familiar, tienen permiso de residencia, pero no de trabajo, lo que refuerza una dependencia económica hacia su pareja que dificulta grandemente poder dar el paso de denunciar. La situación de irregularidad administrativa aumenta las dificultades para atreverse a denunciar situaciones de violencia.
Llamamos también la atención sobre la particular vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres inmigrantes que trabajan como empleadas de hogar, espacio y condición en la que se dan no pocas situaciones de violencia machista.
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