El actual sistema productivo y las relaciones laborales que derivan de este hacen que las condiciones de vida de las jóvenes de Euskal Herria sean pésimas. Desde las últimas reformas laborales la situación de la juventud no ha parado de precarizarse: los contratos temporales son la norma, las empresas siguen engordando sus arcas a costa de las trabajadoras, es más fácil despedir empleadas, los contratos de prácticas o formación nos obligan a trabajar a cambio de experiencia y, para colmo, el fraude ha aumentado a consecuencia de la casi total desaparición de la Inspección de Trabajo. Parecía que la nueva reforma laboral podría acabar con esta situación, pero hay serias dudas de que se vaya a conseguir. ¿Logrará esta reforma laboral eliminar las medidas impuestas por la reforma de Rajoy? ¿Se conseguirá ese avance en derechos laborales que tanto se ha anunciado?
Aunque sabíamos que la reforma laboral se cocinaba a fuego lento en Madrid, no ha sido hasta el 24 de diciembre que hemos empezado a conocer su contenido. El Gobierno de España nos presentó a modo de regalo de Navidad el acuerdo al que se ha llegado en la mesa de negociación, en la cual, una vez más, ha faltado la participación de las fuerzas que representan la mayoría sindical de Euskal Herria. Por lo visto, es la mejor reforma laboral que se podía hacer en este contexto pero, aunque se avance en la limitación de la temporalidad, no se han eliminado todas las medidas impuestas por Rajoy, ni se ha dado ese avance en derechos laborales que tanto necesitamos. El objetivo ha sido buscar el acuerdo en la negociación social aceptando para ello el veto de la patronal. La patronal (¡qué sorpresa!) ha echado mano del chantaje para condicionar el acuerdo y limitar los derechos de las trabajadoras, una vez más. Así, la frase para digerir la reforma ha sido la famosísima “Es lo que hay”.
Pero nosotras aprendimos hace tiempo a decir que “No es lo que hay”. Ante la imposición de esta reforma laboral, estas son, desde una perspectiva joven, las medidas más urgentes:
- Reforzar la Inspección de Trabajo para evitar el fraude en la contratación temporal. Aunque la reforma laboral recoge avances en el ámbito de la temporalidad (la eliminación de los contratos de obra o servicio determinado, el establecimiento de un límite más estricto a la concatenación de contratos temporales y el aumento significativo de las multas por fraude de ley, por ejemplo), diga lo que diga la legislación laboral, salta a la vista que el fraude es algo generalizado. Este fraude generalizado seguirá perjudicando especialmente las condiciones de vida de las jóvenes trabajadoras, a no ser que se refuerce urgentemente la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, para erradicar el fraude en la contratación temporal, consideramos imprescindible el refuerzo de la Inspección de Trabajo, que, a día de hoy, cuenta tan solo con alrededor de 1.850 inspectoras y subinspectoras en todo el Estado.
- Obligar a las empresas a solicitar autorización a la Administración antes de un despido colectivo, con el fin de evitar abusos patronales. Si bien antes de 2012 la legislación recogía dicha autorización previa, el PP dejó el control a posteriori de la legalidad de los despidos colectivos en manos de los jueces. A consecuencia de ello, la patronal ha cometido claros abusos que posteriormente no han sido aceptados en los tribunales, siendo Tubacex y PCB-ITP ejemplos recientes de ello. En vista de ello, una de las prioridades debería ser el restablecimiento de la autorización previa, así como la reescritura de las causas del despido colectivo de una manera más restrictiva. Al fin y al cabo, ha quedado claro que las empresas, por medio de la legislación actual y de supuestas previsiones pesimistas, tratan de destruir puestos de trabajo, no para salvar la viabilidad de la empresa, sino simplemente para incrementar los beneficios.
- Aumentar la indemnización por despido improcedente y recuperar los salarios de tramitación para estabilizar la situación laboral de las trabajadoras. Antes de 2010, el Estatuto de los Trabajadores contemplaba una indemnización de 45 días por año de trabajo (teniendo en cuenta que los salarios de tramitación se entendían incluidos). Sin embargo, las reformas posteriores del PSOE y el PP la redujeron hasta los 33 días, dejando fuera de la misma los salarios de tramitación. A pesar de que el Gobierno haya repetido hasta la saciedad que iba a derogar los aspectos más lesivos de la reforma, y este lo era claramente, no ha cumplido su palabra y ha mantenido la indemnización en los mismos términos. La consecuencia más clara de dicha decisión es el abaratamiento del despido.
- Contratos formativos: avanzar hacia la equiparación salarial y establecer una indemnización por fin de contrato. El decreto-ley que se publicó en 2021 unifica los contratos de prácticas y los de formación y aprendizaje en un único contrato formativo, el cual comprende las siguientes funciones: la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena y el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional. Si bien es cierto que el decreto-ley modifica algunos elementos de los contratos formativos (la duración por ejemplo), se mantiene el sistema de salario que estaba vigente antes de la reforma. En nuestra opinión, vemos imprescindible la subida de los salarios de los contratos formativos, para así acercarlos a los del resto de trabajadores que están realizando el mismo trabajo. Así mismo, consideramos necesario el establecimiento de una indemnización por fin del contrato formativo, como ya ocurre con el resto de los contratos temporales.
Nuestra generación ha crecido en un retroceso brutal y permanente de derechos. Siempre somos nosotras, las trabajadoras, las que pagamos las consecuencias más graves de todas las crisis. Como siempre hemos reivindicado desde Eragin, es hora de enfrentarnos a todas las realidades injustas y de ganar los derechos que nos corresponden para construir vidas dignas. Nos da igual no contar con el visto bueno de quienes tienen intereses antagónicos a los nuestros. Es hora de que la política y las leyes se hagan mirando a los intereses de las trabajadoras y para ello no se puede aceptar el veto o la limitación de los de siempre. No aceptaremos una ley que se arrodille ante el hambre de dinero de los empresarios, ni tampoco que en nombre de la paz social se dé legitimidad a muchas de las medidas ilegítimas contra las trabajadoras que el PP impuso en su día. Por eso, ante esta oportunidad que ahora se abre y que quizás no se repita durante mucho tiempo, nos toca presionar para conquistar el mayor número de derechos. No aceptaremos límites a los derechos de las jóvenes trabajadoras. ¡Organización y lucha!
*Ane Rodríguez Torres y Diego Langa García son miembros de Eragin.
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