EH Bildu exige que se investigue el contrato con un fondo que gestiona 145 viviendas protegidas en Getxo
El grupo de EH Bildu en Getxo ha exigido al Ayuntamiento que investigue el contrato con el fondo de inversión inmobiliaria Nestar, empresa privada que se ocupa de la gestión de las viviendas de protección social de Alango, y que lo rescinda si se confirman los incumplimientos sobre el contrato que se suscribió en 2011. El grupo municipal cree que todo apunta a que hay “incumplimientos graves”, y exigen al Gobierno municipal, de PNV y PSE-EE, que ejerza su función de vigilancia y control y “garantice el proyecto de vida y la seguridad futura de los residentes”.
Se trata de un bloque de 145 viviendas que forman parte del parque público de vivienda de Getxo, pero que están gestionas por este fondo, conocido antes como Lazora. Los residentes de estas viviendas han denunciado diversos problemas, como deficiencias en el mantenimiento, dificultades para contactar con la empresa y la imposición de cláusulas abusivas a las personas inquilinas. Además, han alertado de que actualmente hay 14 viviendas vacías, pese a los problemas de vivienda del municipio. “El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Debe investigar en profundidad el grado de cumplimiento del contrato y esclarecer si Nestar está respetando todas las condiciones acordadas. Si como resultado de esa investigación se acreditan motivos técnicos y jurídicos para rescindirlo, el Ayuntamiento debe activar los mecanismos previstos en el propio contrato y proceder a su rescisión”, señalan desde EH Bildu.
El acuerdo que se suscribió con la empresa en 2011 supuso la cesión de suelo público durante 75 años a Lazora, ahora Nestar, para que construyera viviendas de VPO y se encargara de gestionarlas, con la condición de que esas viviendas fueran de alquiler durante 15 años. Este plazo finaliza en 2031, y a partir de este año podría venderlas. EH Bildu ha mostrado su preocupación por el futuro de las personas residentes cuando finalice el vigente contrato de alquiler. “No está claro qué ocurrirá cuando finalice el periodo de alquiler en 2031, y quienes viven actualmente en estas viviendas no están recibiendo respuestas claras sobre su futuro. EH Bildu advierte de que no se puede mantener a las familias durante años en esta situación de incertidumbre”, han señalado. “Las personas residentes en Alango tienen derecho a una vivienda digna y estable. El Ayuntamiento debe garantizar que quienes viven hoy en estas viviendas puedan seguir haciéndolo en el futuro, sin tener que vivir pendientes de la incertidumbre sobre su situación”.
En este sentido, creen que “las condiciones que soportan las personas residentes distan mucho de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, señalan desde EH Bildu. Por ejemplo, los vecinos denuncian “cláusulas que obligan a las personas inquilinas a asumir gastos como el IBI, los gastos de comunidad o un seguro de impago. A ello se suman las deficiencias en el mantenimiento de las viviendas y la falta de respuestas por parte de la empresa ante las demandas de las vecinas”. Para EH Bildu Getxo, “esta situación evidencia los límites de un modelo que pone la gestión de viviendas públicas en manos de una empresa privada, mientras quienes residen en ellas deben hacer frente a condiciones y gastos que consideran abusivos”. Por ello consideran que el Ayuntamiento que asuma su responsabilidad: “que investigue el contrato, que adopte las medidas correspondientes si se confirman los incumplimientos y que, durante todo el proceso, garantice tanto el proyecto de vida de las personas residentes en Alango como el carácter público y protegido de estas viviendas”.
“Se debe recuperar la gestión pública de estas viviendas, ya sea a través de Visesa o Alokabide, o mediante la gestión directa municipal”, insisten Esto supondría que o bien el Gobierno vasco o bien el Ayuntamiento las comprara, como ha hecho recientemente el Ejecutivo en Donostia. “La gestión de las viviendas protegidas debe responder al interés público y a los derechos de las personas que viven en ellas, no a intereses económicos privados”, señala la coalición abertzale.
El Gobierno vasco decidió el pasado mes de octubre invertir casi 100 millones de euros para comprar 510 viviendas de alquiler social en Donostia construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación de VPO, es decir, iban a pasar a ser libres, y que en estos momentos estaban en manos de una filial del fondo Blackstone. Ese es un movimiento, el de la compra de viviendas para retenerlas como viviendas públicas, que el Gobierno vasco ya había hecho con anterioridad. En concreto, antes había comprado 57 viviendas a Kutxabank en diferentes localidades vascas por 5,7 millones de euros; 148 viviendas en Arrasate-Mondragón, que se adquirieron por derecho de tanteo y retracto y que eran propiedad de la Obra Social La Caixa, por otros 5,7 millones de euros; y 18 viviendas en Errenteria a un promotor privado, la empresa Jauregizar, con una inversión de 2,9 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco siempre ha dejado claro que estas operaciones de compra no se pueden generalizar.
Este mismo viernes el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, insistía en el Parlamento Vasco en esta cuestión cuando se le preguntaba sobre la situación de los vecinos de Los Ochos, de Erandio, en el que más de 120 familias pueden sus viviendas en las que están el alquiler, ya que el fondo que es dueño del edificio, Mosac, quiere vender las viviendas. El consejero reiteraba en respuesta a una pregunta del PP, que las de Erandio son viviendas libres. “No podemos imponer su venta ni pagar cualquier precio. Tiene que haber un propietario dispuesto a vender y un precio compatible con el interés general”. “No vamos a compartir la especulación convirtiendo al contribuyente en su mejor cliente”. En la misma situación de Los Ochos de Erandio están una veintena de familias de Balmaseda. El fondo Farley ITG S.L. ya les ha comunicado que no renovará sus contratos de alquiler.