Las Fuerzas de Seguridad del Estado, básicamente la Guardia Civil, realizaron 1.650 controles de carretera en el año 2017 en suelo vasco frente a los 1.754 registrados en 2016. La caída es más significativa aún si se analiza el detalle de las operaciones policiales por meses. De 454 controles realizados en abril se pasó a solamente uno en diciembre (de un total de cinco en todo el último trimestre).
Del conjunto de actuaciones, 1.295 (casi el 80%) se produjeron en el paso fronterizo entre España y Francia de Irún. 1.338 fueron labores de control del fraude fiscal al Estado, competencia exclusiva del instituto armado, y 88 operaciones antiterroristas. Los datos han sido facilitados al Parlamento vasco a instancias de EH Bildu por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que señala que únicamente siete de los controles no fueron comunicados a la “Policía integral” vasca, la Ertzaintza.
Lo llamativo de la estadística de 2017 es que alrededor del 95% de los controles, exactamente 1.580 de los 1.650, se produjeron entre enero y mayo. Se da la circunstancia de que en el mes de junio se reunió por vez primera desde 2012 la Junta de Seguridad, el órgano bilateral que sienta a los responsables de Interior del Estado y de Euskadi. En esa cita se acordó dotar de nuevas atribuciones a la Ertzaintza mientras que el Gobierno autonómico orilló su reivindicación política de repliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
No obstante, la Junta de Seguridad no llegó a acuerdo alguno en relación a esta materia más allá de la reivindicación genérica por parte de la representación vasca de preservar el carácter de la Ertzaintza como principal cuerpo de seguridad en la comunidad autónoma. Por ello, entran en juego otros dos factores para explicar el fortísimo descenso de la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi que muestran los números.
El primero son los atentados en Barcelona y Cambrils de agosto. Por un lado, la reforzada alerta antiterrorista en toda España pudo haber motivado los cuatro únicos controles de la Policía Nacional en todo el año (todos a partir de verano). Pero, por otro lado, las nuevas directrices preventivas hicieron que la unidad de la Guardia Civil que realiza la mayoría de actuaciones operativas en Euskadi (los Grupos de Acción Rápida o GAR) fuese destinada a la vigilancia de infraestructuras críticas tanto en suelo vasco como fuera de él.
Asimismo, la movilización generalizada entre el personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado para reforzar el despliegue especial en Catalunya con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre también supuso una reducción de las plantillas destinadas en el País Vasco. Entre ambos cuerpos solamente realizaron 22 controles a la vuelta del verano, cuando la media diaria en abril era de 15 actuaciones.
La información facilitada por el Gobierno vasco muestra que 1.338 de los 1.650 controles fueron labores de resguardo fiscal del Estado, mientras que 88 fueron operativos antiterroristas, 84 actuaciones “preventivas”, 18 controles “rutinarios”, dos de “seguridad” -competencia exclusiva de la Ertzaintza- y uno fue una redada de extranjería. En los otros 112 casos no hay información de los motivos de la actuación policial.
En cuanto a la distribución geográfica, como cada año es la zona fronteriza de Irún el punto con más controles, en este caso 1.295 de los 1.650. Muy lejos le siguen algunas estaciones de peaje como Oiartzun (32) o Armiñón (10). En cuanto a las capitales, hubo 21 actuaciones en Vitoria por 2 en San Sebastián y solamente una en Bilbao. Hubo al menos un control en 105 de los 251 municipios de la comunidad autónoma.
La Junta de Seguridad celebrada en junio de 2017 sirvió para que el ministro Juan Ignacio Zoido y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia estrecharan la mano tras cinco años de desavenencias entre Madrid y Vitoria en materia de Seguridad. En la cita el Estado accedió a que la Policía vasca tenga acceso directo a información policial estatal y europea (Europol, Siena, Sirene), a que pueda realizar actuaciones ‘en caliente’ en Francia y a que se incorporase como miembro de pleno derecho a la mesa de seguridad nacional contra el yihadismo (CITCO), en la que ya participaba con normalidad aunque como invitada. La parte técnica del acuerdo, la que implica el acceso a bases de datos internacionales sin pasar por los enlaces de la Policía Nacional, está aún pendiente de “desarrollos informáticos”, según las fuentes consultadas.