El Gobierno vasco tiene ya el anteproyecto de la ley de justicia restaurativa, que regula los encuentros con víctimas
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha estampado ya su firma en la “aprobación previa” de la primera ley que regula en Euskadi la denominada “justicia restaurativa”. La normativa, que no aparecía en el calendario legislativo del Gobierno de Imanol Pradales a comienzos de la legislatura, busca complementar la regulación estatal y extender este modelo de encuentros entre víctimas y victimarios que se popularizó con los encuentros entre presos de ETA y familiares de asesinados. Se persigue incluso que pueda ser una “alternativa” cuando no pueda lograrse una condena en la vía penal ordinaria, como supuestos de prescripción, de archivo por motivos procesales o de falta de autor conocido.
“El modelo vasco de justicia restaurativa se aplica como alternativo cuando no puede incoarse, desarrollarse o concluirse un proceso penal por la falta de una condición de procedibilidad, la ausencia de autor conocido o la presencia de un óbice procesal que conlleve la extinción de la responsabilidad penal”, se puede leer en el texto. Eso sí, se trata de una redacción que no es definitiva. El Consejo de Gobierno aprobará dentro de unos meses el proyecto de ley, que puede sufrir cambios, después pasará al Parlamento y allí los grupos tendrán la posibilidad de introducir más enmiendas. Quedan algo menos de dos años de legislatura para que se puedan superar todos estos trámites.
En un largo preámbulo, el Ejecutivo vasco expone que no desea meterse en competencias exclusivas del Estado, como son la regulación penal y procesal, pero recalca que el Gobierno autonómico si puede contribuir desde la provisión de medios para la Administración de Justicia y en la gestión de las penas, tanto las penitenciarias (desde 2021) como las alternativas a prisión. Se insiste en que es posible “un modelo de Justicia más humano” y que no se trata de “sustituir” al modelo “adversarial” tradicional sino de “enriquecerlo” para, sobre todo, lograr un resarcimiento de las víctimas y la reinserción de los victimarios. Otro de los propósitos es hacer pedagogía y “visibilizar” un modelo de reparación en el que las partes, de forma voluntaria y confidencial, se sientan para buscar la reparación del daño causado y evitar la reincidencia.
La norma arranca definiendo cómo es ese “modelo vasco” de justicia restaurativa. Plantea que, en el caso de los victimarios, podrán participar de él no sólo los condenados en firme sino denunciados, investigados/imputados, encausados o acusados. En el caso de las víctimas, lo son los que han sufrido directamente el delito pero también parejas, familiares, “allegados” y “miembros de la comunidad”. Se establece también que las “instituciones públicas” podrían llegar a participar en estos encuentros “en delitos que afecten al interés general” que no se precisan. Se recalca que los encuentros pueden ser individuales o colectivos. En el caso de los presos de ETA, en los últimos meses se está optando por reuniones entre varios exterroristas y varias víctimas, por ejemplo. Los llama “círculos restaurativos” y tienen “participación comunitaria e institucional”.
La ley recalca que este tipo de prácticas son totalmente “voluntarias” y que las víctimas pueden cortarlas cuando deseen si no les satisfacen. En el caso de los victimarios, la “negativa” a participar “no implicará consecuencia alguna” en su proceso penal o penitenciario. Se crea 'de iure' el “Servicio Vasco de Justicia Restaurativa”, que ya existe 'de facto', como órgano de coordinación de los procesos y que se complementará con las oficinas de atención a las víctimas, a los justiciables y de gestión de penas, también existentes.
La ley regula la figura de los mediadores, las personas que dinamizan estos encuentros. Podrán ser funcionarios o externos de entidades “privadas colaboradoras”. Han de ser titulados en una panoplia de materias relacionadas con el derecho y “acreditar” conocimientos sobre programas restaurativos, derechos humanos, enfoque intercultural y perspectiva de género. Se harán “comprobaciones” de la calidad de estos profesionales y, de hecho, habrá un registro de “personas facilitadoras”.