Siete expedientes, al menos 10.000 euros en multas y dos procesos penales por vertidos en la regata Mijoa de Mutriku

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha abierto siete expedientes sancionadores contra diferentes empresas por vertidos a la regata Mijoa, cuyas aguas desembocan en el mar junto a la playa de Saturrarán, en el municipio guipuzcoano de Mutriku. Entre sanciones e indemnizaciones, la cuantía asciende a más de 10.000 euros, según se desprende de unos datos brindados en el Parlamento Vasco por Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, si bien hay dos procesos parados porque están bajo investigación penal en la Justicia ordinaria.

Los expedientes se refieren a hechos ocurridos entre 2013 y 2020. De los siete expedientes, hay algunos que aún están a la espera, porque tienen recorrido por la vía penal, cuya jurisdicción se impone sobre la administrativa. Otra sanción es para el titular Yurrita e Hijos, S.A., que habría incumplido el “requerimiento de la Administración de retirada de la sal vertida en la zona de servidumbre para limpiar la maleza, con afección a la vegetación”. Se le imponen 4.500 euros de sanción y una indemnización que supera los 3.100 euros para compensar los daños ocasionados a la vegetación. Esta misma mercantil ha recibido una sanción adicional de 1.800 euros a raíz de otro vertido.

Otra de las sanciones, ya no a esta empresa, es por un “vertido de leche de un caserío”, aunque la sanción ha quedado a la espera de lo que se resuelva en la vía penal. La última, que asciende a los 1.000 euros, es para la mercantil Usuarios de la Depuradora de Mijoa, S.L., por no cumplir con la “presentación de controles” e incumplir así la autorización del vertido.

En la respuesta parlamentaria, que surge a raíz de una solicitud de información presentada por el parlamentario Álvaro Gotxi, del PP, se incluye también un listado de los vertidos a la regata autorizados o en proceso de autorización. Así, hay uno autorizado para “las empresas conserveras previo tratamiento de depuración físico-químico”. En trámite de autorización, por otra parte, se encuentra uno para la estación de servicio de Saturrarán. El vertido, de aprobarse, sería de “aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, aguas de uso higiénico y aguas de los lavaderos de vehículos previo tratamiento de depuración correspondientes”. Una vez autorizado, el volumen anual que se arrojaría sería de 2.231 metros cúbicos. En la respuesta del consejero, eso sí, se explica que la actividad de la estación de servicio se viene dando ya “desde hace años”. “Por la inexistencia de una red de saneamiento, efectúa el vertido de sus aguas residuales a la regata de Mijoa”, subraya.

Las autorizaciones, argumenta, son una herramienta positiva. “La autorización de vertido es siempre una herramienta de seguridad medioambiental porque establece las condiciones en las que debe realizarse un vertido en cuanto a instalaciones de depuración necesarias, límites cuantitativos y cualitativos del efluente, controles analíticos e inspecciones, etc., para minimizar el impacto en el medio receptor. Asimismo, se impone un canon de control de vertidos destinado al estudio, control, protección y mejora del medio receptor”, explica el consejero. “La autorización no solo es adecuada para el cumplimiento de la normativa vigente, sino que es claramente una mejora para el control y la calidad de la regata”, remacha Jauregi.

“¿Para cuándo el saneamiento?”

Mientras tanto, el proyecto definitivo para el saneamiento de la regata se encuentra en fase de licitación. La fecha límite para la presentación de ofertas estaba fijada para finales de septiembre. El presupuesto, sin IVA, asciende a los 410.000 euros, según se desprende de los datos brindados por el Gobierno vasco.

Se da la circunstancia de que, recientemente, el colectivo ecologista Eguzki ha denunciado que la red de saneamiento de la regata sigue pendiente quince años después. Se quejaba, además, de que se estaban legalizando vertidos como el de la estación de servicio. “La empresa ha realizado obras de mejora de su red interior y pide ahora regularizar sus vertidos contaminantes. Se trata de aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, aguas de los baños —asimilables a urbanas— y aguas de los lavaderos de vehículos —industriales—, que deberían ser conducidas lógicamente (y también legalmente) a una depuradora”, protestaba Eguzki en una nota publicada a comienzos de septiembre.