Vitoria enterrará en 2027 la última 'herencia' de Alfonso Alonso como alcalde: un alquiler leonino de veinte años
Vitoria empieza a pensar ya en enterrar la última 'herencia' del alcalde entre 1999 y 2007, el 'popular' Alfonso Alonso, que luego fue ministro de Sanidad con Mariano Rajoy, portavoz en el Congreso o líder del PP vasco y que ahora está ya alejado de la política. El 16 de febrero de 2027 expirará un contrato blindado de veinte años de un espacio de unos 900 metros cuadrados en pleno centro de la capital, en la calle de San Antonio, donde están ubicados tres servicios municipales, las Urgencias Sociales, una oficina de atención ciudadana y la Defensoría vecinal (la Síndica). El actual Gobierno local, una coalición de PSE-EE y PNV, ha confirmado ya que no renovará el arrendamiento, que actualmente es próximo a los 25.000 euros mensuales y que ha supuesto pagar a la sociedad propietaria mucho más del doble lo que en su día le costó el inmueble, además de obras de acondicionamiento y exención de impuestos.
Hace dos décadas, con Alonso al frente de la ciudad y Javier Maroto como escudero y responsable de Hacienda, el Ayuntamiento firmó el alquiler con una sociedad llamada Sbayre. Detrás de ella está el conocido empresario gastrónomo Gonzalo Antón, que unos pocos años atrás, en 2004, había vendido su participación mayoritaria en el Deportivo Alavés a Dmitry Piterman después de unos años dorados que incluyeron el subcampeonato de Europa en Dortmund en 2001 con él como presidente. En 2006, Sbayre pagó 2,72 millones a la constructora Sarkis por el inmueble y por unas plazas de aparcamiento y un trastero. Era el antiguo convento de las hermanas Reparadoras.
El acuerdo con el Ayuntamiento se inició a comienzos de 2007, en puertas de unas municipales que el PP perdió en favor del PSE-EE de Patxi Lazcoz, también alejado ya de la política. Las consecuencias que aquel Gobierno local dejó han sido descritas como leoninas. El arrendamiento estaba blindado para dos décadas, con una renta mensual de unos 12.000 euros que iba revalorizándose con subidas superiores al IPC. Pero, además del cumquibus, había otras cláusulas que cargaban las reformas o los impuestos a las arcas públicas. Los técnicos habían avisado de algunas condiciones no precisamente favorables, sin que fueran atendidas.
En la legislatura de 2011 a 2015, el delfín de Alonso, Maroto, se convirtió en alcalde. Pero no tenía mayoría en el pleno y PNV, PSE-EE y la nueva coalición Bildu forzaron una comisión de investigación que concluyó que la operación fue muy gravosa para la ciudad. Eso sí, el asunto no prosperó en ningún ámbito judicial. La vía penal la archivó la Fiscalía. Y la vía contable tuvo una primera sentencia en el Tribunal de Cuentas del Reino que estimó en 400.000 euros el perjuicio ocasionado por el contrato de San Antonio pero fue rectificada en segunda instancia en el propio organismo, con una sala presidida por una exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante, y con un voto particular.
Para entonces, Maroto ya había sido desalojado como alcalde (ahora es vicepresidente del Senado por Segovia y dirige algunas sesiones) y ocupaba el puesto Gorka Urtaran, del PNV, muy crítico con este acuerdo con Antón y que incluso sopesó elevarlo al Tribunal Supremo, aunque los servicios jurídicos, en 2017, vieron que no había agua en la piscina. “Queda claro que el PP de Vitoria, de Alonso y Maroto, desgraciadamente, no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid”, llegó a manifestar Urtaran, ahora en la Diputación.
El asunto de San Antonio ha vuelto a la primera línea en Vitoria esta semana. EH Bildu ha preguntado al equipo actual de Maider Etxebarria, del PSE-EE, por el futuro de este acuerdo. El edil de Hacienda, Jon Armentia, ha sido claro al afirmar que “se abandonará San Antonio” en cuanto se pueda y que los servicios afectados se reubicarán en otros locales propios, aún no determinados, y con la garantía de no perjudicar a la ciudadanía. “Hubo un Gobierno que tomó una mala decisión, profundamente equivocada y claramente perjudicial para los intereses de la ciudad. Firmó un contrato gravoso para las arcas municipales. Ahora hay un Gobierno totalmente distinto, que actúa con responsabilidad. Vitoria no va a seguir pagando 25.000 euros al mes por unos locales”, ha defendido el socialista Armentia, este miércoles, en una comisión municipal. Se va a poner fin a una “tropelía”, ha añadido también.
Desde EH Bildu, Rocío Vitero ha asegurado que el Ayuntamiento no es plenamente transparente con este asunto. Ha explicado que han tenido que localizar una por una las facturas que se han ido pagando para poder concluir que se habrán abonado al final del período “más de 6 millones de euros” por lo que costó en su día menos de la mitad, 2,7. “Había cláusulas completamente abusivas. El desembolso será no inferior al doble de la compra del local. [...] Podríamos haber comprado un edificio directamente”, ha señalado la portavoz abertzale, que ha lamentado que el actual Ejecutivo no precisa dónde ubicará los servicios que ahora se prestan en San Antonio.