El condenado por corrupción Alfonso Arriola cobra 76.571 euros y ha gestionado 31,5 millones en el Gobierno vasco

El condenado por corrupción Alfonso Arriola, excargo del PNV y actualmente alto funcionario en el Gobierno vasco, percibe un salario público de al menos 76.571,36 euros anuales, según los datos facilitados al Parlamento Vasco por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en respuesta a una pregunta formulada desde la oposición por la representante del PP Ana Morales. Adicionalmente, Barredo ha informado de que, en el último año, Arriola ha presidido cinco comisiones de valoración de ayudas públicas cuyo montante total asciende a 31,5 millones de euros, el equivalente al 11% del disponible total de la consejera Barredo.

Arriola, aunque fue absuelto de todas las peticiones de entrada en prisión en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama que ha salpicado a excargos públicos y orgánicos del PNV alavés, está cumpliendo formalmente todavía una pena por corrupción. En concreto, hasta marzo de 2027 pesa sobre él una inhabilitación por ser responsable de un delito de prevaricación por haber facilitado desde su posición como gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, que su compañero de partido Alfredo de Miguel intercediera para manipular adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Sin embargo, se determinó que la inhabilitación para ocupar un cargo o empleo públicos se aplicara exclusivamente en sociedades públicas, como lo es Miñano, y no en la Administración general. Gracias a ello, Arriola no sólo ha podido mantener su condición de funcionario del Gobierno vasco sino incluso ascender.

Desde el 13 de marzo de 2025, siempre según la documentación oficial sobre su caso enviada al Parlamento por la consejera Barredo, también del PNV, pasó a ser “responsable del servicio de programas” en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tiene como funciones “elaborar informes” sobre política industrial y comercial, “establecer criterios” de la actuación del Ejecutivo, “gestionar programas” de ayudas, “diseñar estrategias” o incluso “asesorar”, señala Barredo. En su momento, se aludió también tareas relacionadas con fondos europeos.

Por todo ello, percibe al menos 76.751,36 anuales, lo correspondiente a su nivel “28 I-A” en el escalafón del personal de Lakua, aunque Barredo no especifica nada sobre posibles complementos por su antigüedad. De hecho, en el momento de la condena, en 2023, 'El Correo' aludió a una cifra superior, a 79.533,36 euros anuales sin que hubiese asumido las nuevas responsabilidades.

El Gobierno admite que, en 2025, Arriola “ha presidido un total de cinco comisiones de valoración correspondientes a distintos programas de ayudas públicas”. En concreto, se trata de los planes Lehiatu Inversión (17,4 millones y 101 beneficiarios), ISV Inversión (2,5 millones y 50 adjudicatarios), Handitu Innova (1,2 millones, cinco perceptores), Handitu Egurra (9 millones para una única solicitud) y Gastrobikain (0,35 millones repartidos en a siete beneficiarios). Es una cifra más alta que las estimaciones que se conocían.

La consejera Barredo explica que la previsión es que Arriola se jubile “en el mes de junio” de 2026 y que, por lo tanto, no tenga que gestionar más ayudas ya. “Las convocatorias [...] se publican habitualmente en primavera y las comisiones de valoración se constituyen en período estival”, indica la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Con todo, señala que las ayudas no las asigna una única persona y que los nombramientos se hacen “de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras” de cada convocatoria. Barredo siempre ha insistido en que la posición de Arriola no es de designación política en ningún caso.

El pasado año, cuando este periódico adelantó las nuevas funciones de Arriola, el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV, y de mucha relevancia, mostraron una opinión muy contraria. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. Y el propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

“La zorra en el gallinero”

“Es un escándalo. Es indignante, una tomadura de pelo. Es como meter a la zorra en el gallinero meter a un condenado por corrupción, y encima con el tipo de delito que tenía, de modificar contratos, a presidir una comisión de valoración de adjudicación de ayudas de tanto dinero. Es un nuevo caso de amiguismo orientado a blanquear a condenados por corrupción. Es un descrédito de las instituciones. Lo mínimo que se puede pedir es un Gobierno limpio y que hagan una gestión ejemplarizante”, protesta Morales, del PP, a la luz de la información recibida.

En el 'caso De Miguel', cuatro excargos nacionalistas recibieron penas efectivas de prisión. La más alta, de nueve años, fue para De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés y cerebro de la trama corrupta. También ingresaron en la cárcel sus compañeros en el Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles. Todos ellos gozan ya de tercer grado sin haber alcanzado la mitad de cumplimiento de su pena. Salvo en el caso de Ochandiano, el resto han logrado la semilibertad contra el criterio técnico de Prisiones. Otros implicados recibieron penas alternativas, como la inhabilitación de Arriola o responsabilidades económicas. En algunos casos, la sentencia sí implicó el despido de sus puestos como empleados públicos.