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La Ley Agraria inicia su tramitación parlamentaria, solo con el apoyo del PP

El sector agrario en Málaga factura 683 millones de euros en 2014 y crece un 10%

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Hay una sensación unánime entre los grupos políticos extremeño de que hace falta una nueva ley agraria, moderna, que ponga al día viejas normas del campo. Pero la ley que acaba de llevar el PP a la Asamblea no convence por ahora a ningún grupo, a excepción del PP, lógicamente.

Con un dictamen que no es favorable del Consejo Económico y Social, con la oposición de las organizaciones agrarias mayoritarias y sin respaldo de grupos políticos, la nueva ley agraria no parece la herramienta más eficaz para dar respuesta a las inquietudes de un sector agrario que, al igual que los demás sectores, atraviesan momentos complicados.

Muchas leyes

De entrada, empieza a extenderse entre casi todos los grupos que el Gobierno ha entrado en una especie de campaña electoral legislativa y ha iniciado una carrera por llevar cada día una ley al parlamento.

Algunos grupos minoritarios como IU y Prex-Crex llegan a utilizar un adjetivo más escatológico y hablan directamente de “diarrea legislativa”.

Desde las filas del Gobierno, el argumento empleado para defender tanta acumulación de leyes en estas fechas es que la legislatura llega hasta el último día, y por tanto, todo entra el paquete.

En este clima preelectoral y lleno de articulado variopinto, no parece el momento más idóneo para alcanzar acuerdos en la ley agraria.

El consejero de Agricultura José Antonio Echávarri insiste en la necesidad de poner al día viejas leyes, algunas datan incluso de 1938, y asegura que quiere buscar acuerdos que permiten una mayoría parlamentaria para el proyecto. Por ahora, no los ha encontrado.

Pasará a comisión

En su primer trámite parlamentario ha encontrado críticas de toda la oposición, especialmente del grupo socialista que pide directamente su retirada.

La portavoz socialista Ana Soguer afirma que ésta no es la ley que el campo extremeño estaba esperando y que aporta pocas soluciones al sector. Soguer ha aludido también al informe del Consejo Económico y Social sobre la ley en referencia a una serie de cuestiones en las que no entra en profundidad, como la incorporación de los jóvenes, el papel de las mujeres, el trabajo asalariado o cuenta ajena, los temporeros, la trazabilidad, la formación o el equilibrio de la cadena de valor. El portavoz de IU-Verdes, Pedro Escobar, comparte que la antigüedad y obsolescencia de las normas justifican una nueva ley agraria, pero ha señalado que la propuesta elaborada por el Gobierno extremeño es un refrito de las normas vigentes. Escobar considera que el Gobierno extremeño “no ha hecho los deberes” en relación a la búsqueda de la participación y el consenso del sector en la elaboración de la norma y, si bien ha reconocido que ha asistido a reuniones informativas sobre la misma, ha señalado que en ellas no hubo ni consenso ni negociación.

Tampoco Prex-Crex está de acuerdo con ese articulado. El portavoz Damián Beneyto cree que la norma es manifiestamente mejorable y duda que sea un acierto marcar en la ley un 25% del presupuesto regional para el sector agrario, porque unos años será necesario subir esa frontera y en otros reducirla, explica.

El proyecto de ley ha pasado ahora a la comisión de agricultura y el consejero del ramo espera que pueda alcanzar acuerdos que permitan su tramitación, vía enmiendas.

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