Las ejecuciones hipotecarias crecieron el pasado año en Extremadura hasta los 748 lanzamientos
Un total de 731 ejecuciones hipotecarias se han instado en los juzgados de Extremadura en 2016. Un año en el que se han registrado 748 lanzamientos de viviendas en la comunidad autónoma, un 3,7% más que en 2015 según datos del último informe del Consejo General del Poder Judicial.
Estos son los datos facilitados por el diputado del PP Saturnino López Marroyo ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. Ante este órgano compareció a petición propia la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Isabel Moreno Duque, para informar a petición propia del desarrollo de las mesas de trabajo creadas al amparo del Protocolo de Desahucios.
Moreno Duque ha explicado que se han celebrado 10 reuniones con la mesa de seguimiento y control del citado protocolo y ha destacado que serán ocho las asociaciones que trabajarán con la Junta en “la dignificación de las barriadas sociales”, ya que a las existentes se han sumado Mujeres Sembrado y Asociación en Defensa de los Barrios Deprimidos, mientras que ha solicitado incorporarse la de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Cáceres.
Según la secretaria general la Junta de Extremadura ha recuperado un total de 55 viviendas sociales en el trimestre comprendido entre noviembre de 2016 y enero de 2017 en su mayoría en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, pero también en otras localidades como Navalmoral de la Mata, Retamal de Llerena, Feria, Zafra y Almendralejo.
Isabel Moreno ha señalado que estas viviendas se recuperaron en algunos casos por auto judicial, ya que estaban ocupadas ilegalmente o por personas con comportamientos asociales, aunque en otros casos este proceso se produjo por la entrega voluntaria de llaves, tras la negociación con las familias. También se recuperaron otras porque no estaban siendo ocupadas por sus adjudicatarios o por cambio de vivienda.
Tanto los portavoces del PP como de Podemos en la Comisión han achacado a la secretaria general de la Junta que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no haya cumplido su compromiso electoral de acabar con los desahucios en Extremadura, aunque el diputado popular Saturnino López Marroyo ha dicho que apoya estos procesos de alzamiento porque se cumple con lo establecido por la ley.
López Marroyo, sin embargo, ha criticado el cambio de terminología adoptado por los representantes socialistas ahora en el Gobierno, pues “ya no hablan de desahucios sino de recuperación de viviendas”, lo que ha visto como un ejemplo de “cinismo”. En ese sentido, la secretaria general de Arquitectura y Vivienda de la Junta ha rechazado que ella utilice “eufemismos” y en ese sentido ha destacado que algunas viviendas se recuperan “con desahucios, con desalojos”, algo que no oculta.
Ha aclarado, sin embargo, que mientras el PP esto lo hacía “de manera unilateral” y con protestas por parte de las plataformas de afectados, ahora éstas colaboran con la Junta en la mesa de trabajo creada a raíz del Protocolo de Desahucios, al igual que los ayuntamientos y concejales de los distintos municipios, sean del signo político que sean.
En esa misma línea se ha pronunciado la diputada socialista Ana Belén Fernández, quien ha destacado que este protocolo “ha venido a poner luz a los procesos, porque no hay nada que ocultar”, frente al “oscurantismo” del Gobierno del PP.
