Los sindicatos afean a la Junta que incumpla su compromiso de subida salarial

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y ANPE han mostrado su rechazo a la decisión de la Junta de Extremadura de no aplicar la subida salarial del 2 % a sus 48.000 empleados públicos, una resolución por la que CSIF “retomará las movilizaciones y concentraciones que aplazó por la crisis del coronavirus”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha comunicado a la consejera su “decepción” por este anuncio, que se suma a la congelación de la carrera profesional y el aumento, de 18 a 19, de las horas lectivas de los docentes a partir de septiembre; y le ha recordado que los acuerdos están para cumplirse.

Ha rechazado esta decisión en un momento en el que los empleados públicos y el personal sanitario en particular, “han tenido que trabajar con medios insuficientes, con una gran carga de trabajo a causa del Covid-19” y, en ocasiones, “poniendo en riesgo sus propias vidas por salvar la nuestra o la de nuestros seres queridos”.

“El premio a su esfuerzo no pueden ser nuevos recortes en sus condiciones económicas”, ha expresado CSIF. Entiende que además de los reconocimientos no salariales, como anunció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en relación al Día de Extremadura, es necesario “un reconocimiento salarial desde los poderes públicos”, por lo que se “debe hacer el esfuerzo necesario para que sea una realidad inmediata”.

También ha transmitido su disconformidad CCOO, que ha lamentado que la administración “dé marcha atrás” en cuanto a la subida salarial del 2 % comprometida el pasado 4 de marzo. Y ha recordado que ya suspendió los acuerdos sobre la carrera profesional de 2018, hasta que las condiciones económicas lo permitan, e impuso la vuelta a las 19 horas para el profesorado de secundaria de cara al curso próximo.

Ante una intervención “meramente informativa” como la reunión de hoy y sin posibilidad de negociación, CCOO ha exigido la convocatoria inmediata de la Mesa General de Empleados Públicos para poder continuar en los márgenes del diálogo y la negociación.

Desde UGT han subrayado que esto supone una “discriminación” con el conjunto de empleados públicos del Estado español, puesto que la “gran parte” de los mismos ya están percibiendo en sus nóminas este incremento retributivo, siendo Extremadura, junto a otras dos comunidades, las únicas que todavía no lo han hecho efectivo y sin tener constancia de que las otras lo vayan a quitar“.

Ha expresado que, en un momento como el actual, los empleados públicos no pueden ser “castigados de nuevo” con un “recorte” salarial, pues si algo necesitan ahora es precisamente “un espaldarazo y reconocimiento” al “sacrificio” y trabajo realizado con “toda la dedicación y entereza” durante esta pandemia.

“Desde el punto de vista moral y ético, aparte del económico, no se puede no subir esta cantidad, ha indicado el sindicato UGT que, no obstante, estaría dispuesto a, posteriormente en mesa general, buscar una fórmula que permita el ”aplazamiento“ de este incremento retributivo si no existen fondos o liquidez en este momento, pero ”siempre bajo la premisa de que es un derecho consolidado en 2020“.

En el sector educativo, el Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE ha trasladado su indignación por el que consideran “un atropello más” de la Junta, cuando en otras comunidades sí se está cobrando esta subida salarial.

Según estudios de este sindicato, los docentes perciben “unos 665,64 euros menos anualmente” que lo que cobraban en 2010 y si además se tienen en cuenta los datos del IPC del periodo 2010-2020, han perdido “un 12,5 % y hay una pérdida acumulada de un 20 % de poder adquisitivo”.

A su juicio, desde la consejería hacen “derroches innecesarios” con los que podrían disponer de la liquidez necesaria para asumir el pago del 2 % comprometido, mantener las plantillas docentes, implantar la carrera profesional y mantener la reducción horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos.

En esta línea, ha mencionado “las contrataciones a dedo de asesores de las empresas públicas y los conciertos educativos con los centros privados que cuestan 82 millones de euros al año (sin contar con otras ayudas de programas diversos que reciben)”.

Mientras, ANPE ha remarcado que con esta decisión se “castiga” especialmente al colectivo docente, que verá aumentada la jornada lectiva y con “ajustes” en plantilla. El sindicato ya se temía esta decisión, incluso antes del estado de alarma por la crisis sanitaria, puesto que, ha recordado, “se quiso vincular la subida del 2 % a la vuelta a las 19 horas lectivas para poder pagarlo”.

Según ANPE, “con el aumento a 19 horas, más los ajustes en Primaria, cerca de 400 docentes interinos van a perder su puesto de trabajo”, y le ha pedido a la Junta que les invite a cualquier reunión que afecte a los docentes para poder defenderlos y que “dejen de ser el colectivo más castigado de todos los empleados públicos”.