UGT tiene que devolver 141.000 euros de los cursos de formación, según un informe neutral
El sindicato UGT tiene que devolver a la Junta de Extremadura 141.000 euros de los cursos de formación para trabajadores de la convocatoria de 2011, según la propuesta que acaba de hacer la Fundación Tripartita al Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe). Lo dice en un informe enviado el pasado viernes al Ejecutivo extremeño, y que ahora éste tiene que examinar, hacerlo suyo o no, y enviar la resolución al sindicato, que a su vez podrá presentar un recurso.
Con esto el Gobierno regional ha anunciado este martes que da por comenzado el proceso de devolución del dinero no suficientemente justificado, o no utilizado, pero que en principio resulta una cantidad que no alcanza ni el 25% del presunto fraude del que la consejera de Empleo, María Muñoz, acusó el pasado jueves a UGT, ya que hablaba de 600.000 euros.
Los exactamente 140.994,58 euros a devolver son una estimación provisional hecha por la Fundación Tripartida, la entidad contratada por la Junta para supervisar los programas de formación de 2011 (ejecutados en los dos años siguientes), y cuyo papel es neutral ya que en ella están representadas todas las partes: patronal extremeña, sindicatos y Administración autonómica.
El secretario regional de UGT, Francisco Capilla, ya ha dicho que no están de acuerdo con esa propuesta de la Fundación Tripartita, y que dispone de los documentos para justificar todo el dinero, pero para hacerlo ha reclamado al Sexpe que le envíe tanto esas conclusiones, como el informe de la auditoría esgrimido por la consejera de Empleo, y según la cual sindicatos, patronal y una asociación de economía social “defraudaron” tres millones de euros en un sistema “a gran escala” montado con ese fin.
Ante el giro que daba el asunto, la Fundación Tripartita se ha apresurado a terminar sus informes de liquidación de aquella convocatoria de cursos; CCOO también conoce su resultado pero de momento no lo ha dado a conocer.
Tres meses para resolver
El Sexpe ha anunciado que se tomará ahora unos tres meses para estudiar esas propuestas de liquidación, y adoptar la resolución que corresponda, en el camino de solicitar el reintegro de las cantidades “defraudadas”; contra esa resolución sindicatos y patronal pueden presentar recurso administrativo de alzada, y luego en lo judicial un contencioso administrativo.
Pero la Fundación, a la vez que está enviando su propuesta al Sexpe, le ha reprochado a la Junta que, en contra de lo que firmó con ella en 2011, no dispone de la auditoría externa a que alude la Consejera de Empleo de la Junta, de ni de la anunciada denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, situación contraria a lo previsto en el convenio pues cualquier incidencia detectada por la Administración autonómica debe ser comunicada a la Fundación para tenerla en cuenta en la propuesta de liquidación.
CCOO ha intentado este martes entregar en la Fiscalía provincial de Badajoz la documentación de los curso, para demostrar que no ha cometido ningún fraude, pero se han encontrado con que tendrá que hacerlo en Madrid, ya que es a la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad donde la de Badajoz ha trasladado el expediente-denuncia presentado por la Junta.
El secretario regional de ese sindicato, Julián Carretero, achaca el caso a un intento de buscar réditos de cara a las elecciones autonómicas por parte de Monago y el PP. Su compañero de UGT Francisco Capilla habla de la “locura electoralista” que habría en Extremadura por parte del PP para “desprestigiar a las organizaciones sindicales” y por la que “se pisotea a cualquier institución para arañar votos”.
“Mi familia y mi organización sufren las consecuencias” ya que por ejemplo unos 20 trabajadores de UGT han perdido el empleo por los impagos de la Junta.
