Extremadura cuenta con un protocolo contra la trata con fines de explotación sexual
La Comunidad cuenta desde hace unas semanas con un protocolo de actuación para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual, de manera que se convierte en la tercera Comunidad Autónoma en establecer un mecanismo gracias al cual se articula un sistema coordinado para detectar, atender o derivar a posibles víctimas y que permitirá, además, protegerlas y garantizar sus derechos.
Un dispositivo del que forman parte 34 asociaciones y entidades como la Administración regional, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces, personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociales y diversas asociaciones que trabajarán en la prevención de este delito y en atención a las posibles víctimas.
El año pasado se registraron en la región dos denuncias relacionadas con la presunta trata de blancas, pero estos atestados no concluyeron finalmente con detenciones ya que no se pudo encontrar a ningún responsable de la situación de esas dos mujeres, que se encontraban de forma legal en el país.
Se estima que en los locales de alterne o clubes inspeccionados, trabajaban durante el primer trimestre del año unas 300 mujeres, pero la prostitución es un negocio que también se ejerce en domicilios particulares y en las calles.
El año pasado en España se detectaron 13.983 personas en situación de riesgo, la mayoría mujeres de entre 23 y 32 años, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron a 900 víctimas, de las que 153 eran de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y 747 víctimas ya de esa explotación sexual.
Las víctimas identificadas son mayoritariamente mujeres procedentes de Rumanía, en situación regular en España que no superan los 22 años de edad, y siete eran menores de edad. Las organizaciones especializadas entraron en contacto con 67.736 mujeres en riesgo a través de unidades móviles, líneas telefónicas, visitas a pisos y locales y otros dispositivos de acercamiento.
Asegurar pruebas
A la Fiscalía Superior de Extremadura le viene bien este dispositivo para asegurar las pruebas y abrir un proceso judicial que pueda llevar a detenciones y sentencias contra las personas que están implicados en este delito.
Las actuaciones se coordinan y canalizan por Administración del Estado, a través de la Delegación Especial de Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, las Subdelegaciones de Gobierno de Cáceres y Badajoz, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las Instituciones Penitenciarias.
También la Administración regional a través del IMEX, la dirección general de Política Social y Familia, el SEXPE, los Centros Educativos: las entidades locales a través de los Servicios Sociales de Base, los Programas de Atención a las Familias y las policías locales. Hay que citar también a la Administración de Justicia, Juzgados y tribunales, fiscalía e Institutos de Medicina Legal, y finalmente, entidades y organizaciones extremeñas como la Asociación de Mujeres Malvaluna, Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), Asociación para la reinserción de la mujer prostituida (APRAMP), Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Cruz Roja, CC.OO, UGT y Colegios Profesionales.
La trata de personas es el tercer negocio ilícito del mundo, junto con el tráfico de drogas y de armas, un negocio que mueve 4.800 millones de euros al año, y cuya mayoría de las mujeres víctimas tienen entre 18 y 30 años y, en algunos casos, son incluso menores de edad.
Según datos de la ONU, unos 2,5 millones de personas son tratadas o traficadas en el mundo cada año, y más de medio millón de personas son introducidas al año en Europa occidental con fines de explotación sexual.
