La Junta recupera 113 viviendas por mal uso y ocupaciones ilegales
La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta, María Isabel Moreno, ha revelado que se han recuperado en la región 113 viviendas sociales de titularidad pública entre mayo y octubre por hechos como el mal uso y las ocupaciones ilegales, y que en pocos casos se ha tenido que recurrir a los desahucios.
Así lo ha señalado ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación del desarrollo de las mesas de trabajo creadas al amparo del Protocolo de Desahucios de la Comunidad Autónoma.
Esas recuperaciones se han producido principalmente en ciudades como Badajoz, Mérida, Plasencia (Cáceres), Cáceres y Almendralejo (Badajoz), y en su gran mayoría se han efectuado tras la negociación con los inquilinos y la consiguientes entrega voluntaria de llaves.
El principal problema de las vivienda sociales es que hay inquilinos que no quieren convivir junto a otros que hacen un mal uso de ellas por cuestiones como el tráfico de drogas, y que otras personas las ocupan ilegalmente en perjuicio de quienes están en las listas de espera, ha dicho la secretaria general durante su comparecencia.
PP pone el dedo en los desahucios
El parlamentario del PP José Ángel Sánchez Juliá ha señalado que el Gobierno regional “predicaba una cosa y ahora hace otra” ya que prometió en su día acabar con los desahucios en las viviendas de titularidad pública pero que éstos siguen ejecutándose, y que el problema es transversal que hay que abordarlo de una forma integral y no parcial.
La diputada del PSOE Ana Belén Fernández had defendido que los desahucios se producen cuando no hay otra salida en casos por el mal uso de las viviendas sociales o cuando no se quiere pagar, entre otras circunstancias, y que en todo caso se hacen de una forma transparente.
El diputado de Podemos Daniel Hierro admite que han disminuido los desahucios pero que siguen produciéndose, que los precios de los alquileres son altos y que hay una gran precariedad laboral que impide que muchas familias pueden hacer los pagos correspondientes.
Ha añadido que hasta hace un mes hay “cero euros” ejecutados en cuando a la bolsa regional de ayudas al alquiler y que muchos casos no pasan por las oficinas de intermediación, y que la única medida efectiva de la Junta en 2017 ha sido la recuperación de 113 viviendas públicas en alquiler social.
