El PP pide que las medidas contra exclusión social sean debatidas en la Asamblea
El Grupo del PP en la Asamblea ha exigido que los puntos incluidos en el Real Decreto de Medidas contra la Exclusión Social que ha elaborado la Junta y que se aprobará en breve sean presentados en la cámara de una forma separada, mediante proyectos de Ley, para que sean debatidos ya que el PSOE no tiene mayoría absoluta.
Así lo ha demandado el coordinador del PP en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales, José Ángel Sánchez Juliá. A su juicio, el Real Decreto de la Junta es “un decretazo” que incluye temas tan importantes como el acceso a la renta básica y a las viviendas sociales, y la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares.
Ha señalado que el PP se opone a la forma del Gobierno regional de regular estas cuestiones ya que el PSOE no tiene mayoría absoluta en la Asamblea, donde es preciso que haya en ella un debate sobre estas medidas de una forma separada, es decir, mediante varios proyectos de Ley.
Sobre la renta básica, ha explicado que el silencio administrativo favorable para el ciudadano solicitante anunciado por la Junta es, en realidad, “negativo” porque si no hay una respuesta de la Administración regional se niega el derecho a cobrarla.
Ha afirmado que el borrador del borrador del Decreto Ley “dice literalmente que 'la falta de notificación de resolución expresa en el plazo máximo para resolver legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo'”.
Juliá ha agregado que “o están engañando a los grupos parlamentarios o están engañando a la ciudadanía”, por lo que ha exigido explicaciones a la Junta. Además, ha dicho que “se lesionan” los derechos de los solicitantes ya que se elimina el hecho de que los derechos económicos a recibirla empiecen desde la finalización del plazo que tiene la Administración regional para resolver esa solicitud, que está fijado en tres meses. Si hay un retraso administrativo en la resolución de las solicitudes lo van a sufrir los solicitantes.
También ha dicho, sobre la subrogación del derecho a percibir la renta básica y el “abandono de obligaciones” a los menores y a las personas con discapacidad y dependientes por parte de los beneficiarios, que es “una aberración jurídica”. Ha argumentado esta cuestión dependería de un informe de los trabajadores sociales cuando ahora esto corresponde a los juzgados de Lo Social ya que el abandono familiar está tipificado en el Código Penal, por lo que “esto no hay por dónde cogerlo”.
Sobre la atención sanitaria a los inmigrantes, ha aseverado que durante la gestión del anterior Gobierno regional ya existía de una forma adecuada y que el actual Ejecutivo extremeño debería haber colaborado con el central en esta cuestión.
