Unanimidad para hacer atractiva a la Extremadura vaciada con beneficios fiscales

La imagen del consenso político ha pasado de la fusión entre Don Benito y Villanueva al pleno de la Asamblea, donde PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura (UPE) han aprobado por unanimidad el dictamen final de la Ley de Reto Demográfico, aunque con algunos reproches durante el debate parlamentario por las enmiendas que se han quedado fuera.

La propuesta de ley se presentó de forma conjunta el pasado octubre y después del trámite parlamentario, las aportaciones de la sociedad civil y el debate de enmiendas -se incorporaron 68 pactadas por todos los grupos-, las principales medidas con las que Extremadura hará frente a la despoblación pasarán por una mejora de los servicios públicos y la discriminación fiscal positiva en los municipios de menos de 3.000 habitantes, el 85% de los que hay en la región.

La fiscalidad ha sido uno de los asuntos que más debate ha provocado. El PP considera que las medidas no son ambiciosas, pero para el resto de formaciones las exenciones no son la solución a la sangría de población de algunas zonas rurales, sobre todo cuando la intención es ampliar los servicios de sanidad, dependencia y educación y para eso hacen falta impuestos, ha recordado la portavoz de UPE, Irene de Miguel. A juicio del portavoz del PSOE, Carlos Labrador, con las propuestas del PP “conseguiríamos mover a gente de lo urbano a la rural, pero el resultado demográfico sería neutro”.

La nueva ley recogerá una deducción del 10% en el IRPF para quienes compren o rehabiliten una vivienda en un pueblo de menos de 3.000 habitantes, deducción del 15% en el tramo autonómico del IRPF para la compra de vivienda habitual en los pueblos de menos de 3.000 habitantes y, se eleva hasta 28.000 euros la base imponible para beneficiarse de todas las deducciones autonómicas.

En este sentido, el PP ha admitido que hay una rebaja de algunas de sus pretensiones iniciales pero Sánchez Duque ha destacado el “esfuerzo” de todos los grupos por incluir medidas concretas y no dejarlo en un mero “catálogo de intenciones”. “Se trata de compensar a la gente que vive en el mundo rural, no es un premio, es por el coste que supone vivir en esos núcleos alejados de las ciudades”, ha subrayado.

La ley extremeña de Reto Demográfico incluirá la elaboración de un censo de viviendas vacías, la mejora de las comunicaciones, la creación de un programa de Nuevos Pobladores, la flexibilización de los requisitos para la incorporación de jóvenes agricultores e impulsar la figura de los Agentes de Desarrollo Local.

Los portavoces de los grupos parlamentarios también han valorado la mejora de la atención primaria en los pueblos, el mantenimiento de las escuelas rurales con al menos 5 alumnos, aunque habrá casos que puedan ser incluso con menos, y que los servicios públicos estén a menos de 30 minutos de los núcleos de población donde se prestan, como las urgencias sanitarias.

Mujeres y jóvenes

La Junta ha destacado que las medidas apoyan especialmente la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, así como el reconocimiento del papel de la mujer en el mundo rural. También aporta medidas encaminadas a lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de apoyo a la identidad de género y a la diversidad afectivo sexual.

Con el objetivo de que los jóvenes puedan disponer de las mismas oportunidades en todo el territorio extremeño, establece condiciones para la mejora de la empleabilidad y al estímulo al empleo a través de un Plan de Empleo Joven, o de la implantación de programas de Erasmus Rural.

Protección medioambiental

Una vez que la ley entre en vigor, la Junta tendrá un un plazo de 12 meses para publicar un estudio sobre la realidad actual de protección de todas las figuras contempladas en la Red Natura 2000, que servirá de base para solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea las modificaciones oportunas que permitan corregir el mapa de zonas protegidas con respeto a los objetivos establecidos en la legislación vigente. El objetivo es hacer compatible la protección con el desarrollo de iniciativas urbanísticas y empresariales.

Por último, se contempla la reclamación al Estado de un incremento sustancial del Fondo de Compensación Interterritorial, así como de asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Extremadura.