La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a aplicar la homologación salarial de los docentes extremeños, con una comisión de seguimiento para que se vaya actualizando, así como a recuperar los 165 días para que los interinos puedan cobrar las vacaciones de verano.
En declaraciones a los medios tras mantener una reunión con los sindicatos docentes para abordar este tema, De Miguel ha recalcado el “agravio” que supone hacia los docentes extremeños, un colectivo al que hay que “cuidar especialmente”, esta diferencia salarial, por lo que la homologación es una cuestión de “justicia y dignidad”.
Así, ha prometido que si llega al Gobierno de la Junta aplicará una subida mensual de 200 euros a los docentes a partir del 1 de enero de 2026 durante tres años, lo cual es “perfectamente asumible” por la administración pública, y que luego se revisaría en una comisión de seguimiento con los sindicatos porque “la vida se encarece”. “No se puede hacer como la última homologación salarial que fue hace 20 años y luego ya no se ha vuelto a revisar”, ha expresado De Miguel.
También es de “justicia” con los interinos atender su demanda de “recuperar los 165 días para que puedan cobrar las vacaciones de verano y puntuar todo el año”, como sucede en otras regiones.
Almaraz es un “teatrillo” del PP
Por otro lado, en relación a la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz y el cruce de reproches entre los Ejecutivos extremeño y central, ha indicado que le parece “un teatrillo en el que el PP ha querido jugar con las eléctricas y el PSOE ha entrado de lleno”. “Lo único que están haciendo es alargar la agonía del cierre de Almaraz que hasta las propias dueñas de la central saben que se va a dar tarde o temprano por la falta de rentabilidad”, ha manifestado De Miguel.
Ha insistido en que “la tarea política de un gobierno responsable”, tanto autonómico como estatal, sería garantizar que “el desmantelamiento absorbe la mayor cantidad de empleo que hay ahora mismo en Almaraz”, e incluso que se precise “mucho más empleo”, como ya hay precedentes, para este proceso que “dura casi una década”.
Asimismo, se necesita “un plan de prejubilaciones al igual que ocurre en otros sectores como las compañías telefónicas o la banca, y que ”eso lo garantice el Estado“; y un plan de empleo para que Campo Arañuelo ”no sea vea con un quiebre en el modelo laboral después del cierre de Almaraz“.
La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta ha recordado además que la planta cacereña “no ha supuesto ni una milésima parte” de la riqueza que tendría que haber generado en Extremadura.
“Toda la energía se nos ha ido a Madrid, toda la industria que está funcionando gracias a Almaraz está en Madrid, todos los impuestos están en Madrid, en Extremadura nos han dejado limosnas y migajas”, ha aseverado De Miguel, para quien se necesitan gobiernos “valientes” que reviertan esto y no que actúen de “lobby de las eléctricas como el Gobierno del PP y el Gobierno del PSOE”.