Aspace entra en suspensión de pagos porque la Junta de Extremadura le adeuda un millón de euros

La Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) de Cáceres ha anunciado que se encuentra en suspensión de pagos y ha cifrado en un millón de euros la cantidad que le adeuda la Administración, lo que acarrea la suspensión del abono de las nóminas de sus 200 trabajadores. Igualmente tampoco podrán pagar las facturas a proveedores “y las compras de cualquier material”, aunque mantiene el pago de impuestos obligatorios y el de suministros.

Así lo manifiestan desde la entidad en un comunicado firmado por su presidente y la presidenta del comité de empresa, Narciso Martín y Belén Franco, respectivamente. Ambos aducen que la razón de esta suspensión de pagos “es el retraso de la financiación pública de los servicios que presta la entidad” y que se produce “por segunda vez en este año 2023”

Esto ha provocado retrasos en los abonos de las nóminas de junio, julio, extra y agosto; y ahora “causa de nuevo el retraso indefinido de la nómina de noviembre, diciembre y la extraordinaria”.

Aspace presta servicios de Atención Temprana, Habilitación Funcional, Centro de Día, centro ocupacional y residencia a un total de 750 personas con discapacidad y sus familias, distribuidas entre Cáceres, Plasencia, Jaraíz, Moraleja, Trujillo y Pinofranqueado.

Se trata de una “entidad privada concertada o subvencionada con la Administración pública, de la que obtiene toda la financiación de que dispone para prestar los servicios”. La deuda que mantiene con ella, de un millón de euros, la sostiene “mediante préstamos bancarios, que han alcanzado ya el límite de riesgo admitido por las entidades bancarias”.

También señalan desde el colectivo que la Junta Directiva de Padres “respalda a los trabajadores en su reivindicación de una solución definitiva para impedir los retrasos de la Administración en la financiación de estos servicios que, aunque han llegado a su extremo máximo durante este año, no dejan de producirse en menor medida año tras año”.

Además, desde el colectivo subrayan que “no se trata de buscar culpables en la Administración de un signo político o del contrario” e instan a “no instrumentalizar” esta situación.

Reclaman que se adopten “soluciones definitivas, para que la financiación de los servicios a la discapacidad y a la dependencia tenga la misma estabilidad que la financiación de los servicios gestionados directamente por la Administración o de los servicios concertados con Sanidad y Educación”.

“En estos servicios la Administración no incumple los plazos, no falta a su obligación de mantener la liquidez y ningún trabajador deja de percibir su nómina, al contrario de lo que ocurre con las entidades concertadas para la prestación de servicios a personas con discapacidad o dependencia”. En su escrito aclaran que “tampoco criticamos la inactividad del Cermi ni de los sindicatos”.

Argumentan que llevan “años y años financiados a través de partidas que no están en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que pueden ser variables en función de la disponibilidad y que pueden llegar antes o después”.

Por ello, la propia asociación de familias y el comité de empresa reivindica el “derecho a una regularidad en la financiación, que garantice una estabilidad económica a los trabajadores y sus familias y una equiparación retributiva con el sector público”.