¿Ante quién responden los técnicos?
En ocasiones, no siempre, a los políticos se les exige responsabilidad por sus errores o proyectos fallidos, y eso está bien. Pero hay proyectos en los que junto al político de turno, quizás incluso por delante de él, hay técnicos que se apropian del éxito pero se esfuman si se acerca el fracaso.
Dos ejemplos muy cercanos. la candidatura de la ciudad de Cáceres a ‘Capital Europea de la Cultura en 2016’ y la del corredor ‘Trujillo, Plasencia y parque nacional de Monfragüe’ a ser declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
En esos proyectos fallidos se montaron dos oficinas técnicas con sendos directores. Javier Pizarro (consorcio de Cáceres 2016) y Álvaro Casanova (consorcio de Monfragüe, Plasencia y Trujillo).
La puesta en marcha de esos proyectos fue sufragada con cargo al erario público. Hubo una importante inversión que no solo no ha rentado ni un euro, sino que ha supuesto una pérdida de imagen, de reputación colectiva, a los ojos de miles de ciudadanos, incluso más allá de nuestras fronteras, ya que ambos aspiraban a un reconocimiento internacional. Y en consecuencia un coste irreparable para las economías de estos enclaves si tenemos en cuenta su gran dependencia de los recursos que proporciona la industria turística.
Los políticos obtienen la legitimidad de sus decisiones en las urnas y están sometidos al escrutinio de la sociedad,sin embargo, ¿quién juzga el trabajo de estos profesionales al servicio de proyectos financiados con el dinero de los contribuyentes? Una pregunta evidentemente sin respuesta a tenor de los hechos, un vacío legal actualmente al servicio de los oportunistas.
Pero sobre estos proyectos y otros similares surgen muchos otros interrogantes tales como su forma de contratación, el proceso de selección (si lo hubiere), ¿alguien se ha enterado de las bases de estas convocatorias?, ¿realmente se cumplen los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y competencia que deberían regir en todos los contratos financiados íntegramente con recursos públicos?
Todo invita a pensar que se trata una vez más del ‘amiguismo’ digital que impera en la política, aquel que basándose en el subterfugio administrativo y en una sintonía más allá de los estrictamente profesional, permite que alguien pueda ser contratado directamente con fondos públicos con el único mérito de ser del agrado o gozar de la simpatía y confianza del político de turno.
Si hay algo por lo que se caracteriza el panorama político es por aquello de ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’. Una salvaguarda perfecta donde se desenvuelven estos ‘pseudo-profesionales’ para eximir su responsabilidad.
Ya va siendo hora que la administración en todos sus ámbitos se dote de mecanismos fiables y objetivos que permitan evaluar convenientemente el trabajo que desempeñan estos técnicos de ‘libre designación’ al servicio de la ‘causa’, porque es muy probable, que aún indemnes, estén tramando en estos momentos nuevas andanzasy todo ello, desgraciadamente, con el beneplácito de nuevo de nuestros políticos
