Las Oficinas de atención a víctimas de LGTBIfobia atienden 36 casos en 2021

Las Oficinas de atención a las víctimas de LGTBIfobia en Extremadura han atendido 36 casos en 2021 (de ellos 19 en zonas urbanas y 17 en zonas rurales), un notable aumento respecto a 2020 (23 casos) debido al crecimiento de los delitos de odio y preocupa también el incremento de los casos en menores de edad.

Las agresiones físicas “se mantienen” en 12 en 2021, mientras que el resto de casos corresponden a agresiones hacia el patrimonio de la víctima (daños a su vivienda o vehículo) e insultos.

Estos datos han sido aportados en rueda de prensa para hacer balance sobre las Oficinas de atención a la violencia LGTBI, con la participación de la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, junto a la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y el responsable de la misma en Cáceres, Hugo Alonso.

Éste ha sido el encargado de detallar la actividad de dichas oficinas, en las que se han notificado 36 casos hasta el 23 de diciembre, cifra que puede variar ya que esta mañana uno de los asistentes está rastreando una posible situación de discriminación por LGTBIfobia sucedida el pasado sábado, además de que a principios del próximo año se pueden notificar otros casos referidos a 2021.

Los casos crecen considerablemente respecto a años anteriores: en 2020 hubo 23 víctimas; en 2019 una menos, 22; en 2018 se contabilizaron 12 y en 2017, nueve, lo que Hugo Alonso ha atribuido al incremento de los delitos de odio, a “esa falsa impunidad que existe acerca de lo que supone insultar, agredir o vejar a una persona con motivo de su orientación sexual o identidad de género”, entre otros factores.

Junto a esto, “preocupa” el aumento de casos en menores de edad, lo que está “muy conectado” con las situaciones de discriminación por LGTBIfobia que se han producido en centros educativos públicos, en concreto se han notificado cuatro casos de este tipo, a los que habría que sumar dos en espacios de educación no formal.

Además, ha transmitido su “enorme preocupación” por dos hechos, uno en cada provincia, donde los agentes actores de la discriminación han sido funcionarios públicos, dependientes de las plantillas de Policía Local, con lo que ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que se impliquen de manera activa en la formación y sensibilización de sus trabajadores.

Del total de 36 casos, 17 eran varones homosexuales, siete mujeres lesbianas, una persona bisexual, siete transexuales y cuatro personas heterosexuales, que son familiares y amigos que se ven envueltos en situaciones de odio cuando acompañan a miembros del colectivo LGTBI en momentos de ocio y tiempo libre, entre otros.

Tras lamentar que “solamente se denuncian el 44 % de las situaciones de discriminación” por orientación sexual o identidad de género, algo que hay que “revertir”, Hugo Alonso ha subrayado la importancia de denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un especial agradecimiento a la Policía Nacional que tiene como “referente” a estas oficinas, porque muchos casos se les notifican tras la recomendación de este cuerpo policial.

Las oficinas tienen sedes en Cáceres, Mérida y Badajoz pero sus asistentes se desplazan hasta todas las localidades en las que se demanden sus servicios.

Ahora hay además una nueva herramienta online de atención a las víctimas, https://www.oavextremadura.es/, donde se pueden notificar las situaciones por LGTBIfobia y una persona asistente se encarga de acompañar a la víctima en todo el proceso.

El servicio incluye atención psicológica (durante 2021 se han atendido a 29 personas) y asesoramiento jurídico, cuyo equipo participa en cuatro procesos judiciales.

La consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha celebrado que “por primera vez” las políticas LGTBI se sitúan en una consejería de la Junta, una “reivindicación histórica” del colectivo, cuyas entidades más representativas en la región interpelaron en su día a los actores políticos para que Extremadura tuviera una ley LGTBI.

“Las leyes son un paso fundamental que el legislador tiene que dar... pero si no bajan al terreno de lo concreto, a través de políticas públicas, es como si no se hubiesen aprobado”, ha manifestado.

Por ello, ha continuado la consejera, en mayo de 2021 la Junta y las dos entidades más representativas, Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, firmaron un convenio para “seguir avanzando en la construcción de estas políticas públicas”, cuyo primer acuerdo fue la puesta en marcha de las Oficinas de atención a las víctimas de LGTBIfobia, con una dotación de 60.000 euros a cada una de las entidades.

Ello de acuerdo al artículo 8 de la ley extremeña, según el cual la Junta de Extremadura prestará una atención integral real y efectiva a las personas víctimas de violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia, mediante asesoramiento jurídico y atención psicológica para una recuperación integral.

Gil Rosiña ha remarcado la importancia de contar con estas oficinas “ante el incremento de delitos de odio en el conjunto del país”, donde Extremadura “no es una isla”, y “ante la banalidad del mal de lo que supone pronunciar los delitos de odio desde los parlamentos representativos”.

En este mismo sentido, Silvia Tostado ha señalado que “en un contexto nacional de discursos que alientan el odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, no somos ajenos a estas realidades” y ha expresado su “especial preocupación” por el hecho de que se hayan duplicado las agresiones a personas trans, en su mayoría mujeres, al pasar “de tres a siete en el ultimo año”.