Patronal y sindicatos critican que “la Xunta nunca planificó el transporte y ahora echa a correr”

Iniciada el pasado 20 de junio, la huelga de conductores de autobús, que hasta ahora se venía desarrollando en Galicia los martes y miércoles con un seguimiento masivo, se convertirá a partir del martes de esta semana en indefinida, extendiéndose a todos los días de la semana. Los avances en la negociación logrados en las últimas semanas entre la Xunta y los sindicatos (UGT, CCOO y CIG) para que la primera contemple la subrogación de los actuales puestos laborales en su polémico nuevo modelo de transporte rural, que integrará las líneas regulares con las escolares, no han permitido todavía que los trabajadores desconvoquen el paro.

Por su parte, los empresarios, que han dado por roto el diálogo con la Xunta, siguen exigiendo la retirada completa del nuevo plan. Ambos, patronal y sindicatos, volvieron a mostrar el pasado viernes su sintonía contra el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en un debate organizado por el PSdeG en el Parlamento de Galicia.

La integración de líneas regulares y escolares que pretende la Xunta supone tanto para sindicatos como para patronal una reducción de los servicios que, aseguran, implicará la desaparición de empresas y de puestos laborales. Una medida que el Gobierno gallego toma para intentar reducir el coste que le supone el transporte escolar y paliar a la vez la falta de rentabilidad de las líneas regulares rurales, con trazados actualmente obsoletos.

En la jornada de debate organizada por el PSdeG participaron los presidentes de dos de las cuatro patronales del sector en Galicia, Carlos García Cumplido de Transgacar y Javier de Bidegain de Fegatravi. El primero destacó que “Galicia nunca ha contado con un plan de transporte” sino que “las líneas que vemos hoy son iniciativa de las empresas y la Administración se limitó a regular esas iniciativas”. Cumplido criticó que tras la prórroga de las concesiones impulsada por el PP en 2009, el Gobierno gallego tampoco se puso a elaborar ese plan pensando en el momento en que venciesen esas concesiones. “Desde entonces y hasta la sentencia del Tribunal Supremo que el año pasado anuló la prórroga, no se hizo ningún documento de planificación, y cuando cae la sentencia, nos echamos a correr”, dijo sobre la actuación de la Xunta.

Por el contrario, Javier de Bidegain, al frente de la única de las cuatro asociaciones patronales que se muestra próxima a los planteamientos de la Xunta y a la que esta intenta potenciar como interlocutora, elogió la gestión del transporte por parte de los gobiernos gallegos cuando él mismo era uno de sus responsables como subdirector general de Transportes tanto con Manuel Fraga como en parte del bipartito de PSdeG y BNG, hasta su marcha al sector privado. Según dijo, a raíz del desembarco en su momento de la multinacional Arriva en Galicia, “lo que yo opinaba como técnico era que el problema no era tanto que hubiese una multinacional como que hubiese un oligopolio”.

Por parte de los sindicatos, en el debate participaron Eladio Romero por UGT y Marcos Pérez por CCOO, que secundaron la visión crítica con la Xunta y su histórica falta de planificación mostrada por García Cumplido. “Tenemos que reconocer algo a la consellería, que con este plan nos puso a todos de acuerdo contra él; bien, a todos menos a Javier [de Bidegain]”, dijo Eladio Romero.

El sindicalista también destacó la inestabilidad al frente del departamento autonómico de transportes, con cuatro directores generales distintos durante los gobiernos de Feijóo, como uno de los impedimentos para que Galicia cuente con una planificación del transporte público. “Cambia tanto el director general que si tardas quince días en ir ya no lo conoces”, ironizó.

La jornada de debate sobre el conflicto del transporte se desarrolló el viernes, al tiempo que el Gobierno gallego publicaba en el Diario Oficial de Galicia el acuerdo que, según el presidente Feijóo, garantiza la subrogación de los conductores de autobús actuales por parte de las nuevas empresas adjudicatarias, un texto con el que intenta desactivar la vertiente laboral del conflicto.

Sin embargo, el documento contempla que las empresas que resulten adjudicatarias podrán subcontratar hasta el 30% de sus servicios, lo que para los sindicatos vuelve a dejar en el aire el futuro de los trabajadores. Además, el acuerdo incide en la posibilidad que tiene la Xunta de adjudicar discrecionalmente los nuevos servicios, algo que la patronal considera que la ley no permite para contratos de un importe tan elevado. Sobre esa cuestión también se pronunció el portavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, para quien la Xunta se reserva “demasiado poder discrecional que puede utilizar con criterios políticos” y “no técnicos”.

Con ese texto ya oficial, la última reunión para intentar resolver el conflicto, la celebrada en la tarde del viernes por Xunta y sindicatos, permitió a ambas partes alcanzar un principio de acuerdo sobre las reivindicaciones sociales de los trabajadores que añadir al ya conseguido en materia de subrogación, mientras que aún quedan elementos que debatir en materia económica. Xunta y sindicatos también pidieron que la patronal, que el jueves dio por roto el diálogo, dé pasos para intentar solucionar el conflicto. Pese a esos avances que se siguen produciendo en el ámbito laboral, la huelga sigue activa y a partir del jueves se extenderá a todos los días de la semana además de los martes y miércoles en que venía desarrollándose hasta ahora.