La nueva Estrategia de Inclusión Social: bien sobre el papel, a la espera de realidades
Hace dos semanas el Consello da Xunta aprobó la nueva Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, un amplio conjunto de medidas para paliar la situación de los millares de personas que en Galicia viven en la pobreza. Este nuevo plan, que tendrá una duración de seis años, más que duplica sus fondos, pasando de los 230 millones de euros de la estrategia anterior a los 521 millones. Parte de este incremento se corresponde con el dinero destinado a financiar la Renta de Integración Social de Galicia, la RISGA, que en los últimos tres años ha duplicado su presupuesto, desde los 24 millones de euros anuales de 2012 a los 47 previstos para 2015. Un paso en la buena dirección y una muestra, al mismo tiempo, de la terrible realidad de pobreza que sufren cada vez más gallegos y gallegas.
No todo es una cuestión de incrementos presupuestarios. La Estrategia de Inclusión Social deberá enfrentar algunos de los defectos más denunciados en los servicios sociales y en la atención a las personas en dificultades. Por ejemplo, los retrasos en la concesión de la RISGA, cuyos beneficiarios no deberían tener que esperar más de dos meses. La realidad es que en muchas ocasiones la espera supera el medio año. También deben resolverse los muchos obstáculos burocráticos existentes y la escasa o deficiente coordinación entre las distintas administraciones. Además, desde las entidades sociales se demanda de la Xunta que cumpla con las exigencias europeas de transparencia y de cogestión de los fondos destinados a luchar contra la pobreza, un proceso en el que estos colectivos que trabajan con las personas afectadas deben tener voz y capacidad de decisión.
Xosé Cuns, director de la Red Gallega de Lucha contra la Pobreza (EAPN-Galicia) valora positivamente “sobre el papel” la Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 aprobada por la Xunta, destacando que es una “música que suena bien”, pero que ahora debe cumplirse. Destaca, entre los elementos positivos del plan, que se tratan las situaciones de exclusión de forma “integral”, entendiendo que “no solo tienen que intervenir los servicios sociales” sino que también cobran importancia otras cuestiones, por ejemplo las relacionadas con el empleo. En general, destaca, la estrategia “no busca perseguir y culpabilizar a los pobres, sino combatir la pobreza y la exclusión”.
Sin embargo, advierte de que todo esto debe confirmarse ahora con hechos y realidades, por ejemplo en la redacción del reglamento de la Ley de Inclusión, que ya acumula seis meses de retraso y que debería tener un borrador listo este mes de enero. De igual manera, la Xunta se comprometió a acabar con los retrasos en la concesión de la RISGA: “La Xunta se compromete a respetar la ley, que le fija dos meses como máximo para resolver esas solicitudes, y un mes para los Ayuntamientos. Y ahí vamos a estar vigilantes”, destaca Cuns.
La Xunta también promete mejorar la coordinación entre administraciones, un elemento que ha venido lastrando y dificultando la aplicación de las medidas de inclusión. “En España una persona en estos momentos no tiene garantizados los mismos derechos, que varían dependiendo de dónde viva. Y podemos hacer el mismo análisis aquí en Galicia, dependiendo de los ayuntamientos”, denuncia Cuns. “A nosotros no nos importa el ping-pong político, si los retrasos son culpa del Ayuntamiento de Vigo o de la Xunta, por ejemplo. Esa va a ser una de nuestras peticiones para las elecciones municipales”, añade.
Cuns destaca, eso sí, la actitud “abierta a la escucha y a la negociación de cada una de nuestras propuestas” mantenida por la Consellaría de Trabajo y Bienestar, que recogió en la Estrategia más de 30 de las propuestas presentadas por EAPN Galicia. Por el contrario, critica la actitud, muy distinta, mantenida por la Consellaría de Hacienda, que sigue haciendo oídos sordos a las demandas de las organizaciones sociales de lucha contra la pobreza, que le reclaman “transparencia” en la gestión de los fondos europeos y que abra su gestión a la participación de la sociedad civil, como exige la propia UE. “En la Comisión Europea están preocupados. Hay que recordar que la mayoría de esta estrategia se puede hacer porque vienen fondos de la UE y la Comisión exige transparencia y participación en la gestión”, destaca.
El director de EAPN-Galicia reconoce que, afortunadamente, la situación de pobreza en Galicia no es “la del infierno que se vive en Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia o Valencia”, pero recuerda igualmente que la proporción de la población que en Galicia está cubierta por rentas sociales de apoyo (4,08 personas por cada mil, en 2013), está por debajo del promedio español (5,5 por cada mil) y muy lejos de la de Euskadi, donde 34 de cada mil personas reciben una renta mínima “con unos importes que permiten subsistir y tener una dignidad de vida a quien no tiene ingresos”. “Se nos ha dicho alguna vez que lo de Euskadi es ciencia ficción, pero no lo es”, destaca Xosé Cuns, para quien los 520 millones de euros previstos en este plan “son un suelo interesante y positivo, pero le queda al presidente de la Xunta buscar otros mil millones para poner en marcha medidas que tengan un verdadero impacto”.
Cuns explica, por ejemplo, que Cáritas calculó que para que las 700 mil familias que en toda España no tienen ningún ingreso (entre 80 y 90 mil de ellas, en Galicia) recibieran una renta mínima de unos 500 euros mensuales, el Estado tan solo tendría que aportar 4.707 millones de euros. “No hablamos de grandes cifras inasumibles para el sistema fiscal. Hay soluciones y están ahí”.
