Fernández Liñares ingresa en prisión para cumplir condena por cohecho y prevaricación en la 'Operación Pokémon'

El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) Francisco Fernández Liñares ingresó el lunes de forma voluntaria en la prisión lucense de Monterroso para cumplir la condena de cuatro años y medio de cárcel a los que fue condenado por el Tribunal Supremo por delitos continuados de cohecho y prevaricación mientras presidió la entidad.

El también exconcejal socialista en Lugo recibió la semana pasada una notificación de la Audiencia Provincial de Lugo en la que se le daba un plazo de 10 días para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario de la provincia. Con ello, se le facultaba para elegir la prisión en la que cumplir lo que resta de condena, informa Europa Press. En la tarde de este lunes, dentro del plazo otorgado, Fernández Liñares se ha decantado por ingresar en la prisión de Monterroso y no por la de Bonxe, donde ya estuvo en prisión preventiva en su momento.

El Supremo emitió el verano pasado una sentencia en relación al caso de Fernández Liñares en la que rebajaba la pena de prisión dictada dos años antes por la Audiencia de Lugo. Con ello, ahora deberá cumplir cuatro años y medio de cárcel, menos los meses que ya estuvo en prisión provisional.

El fallo está relacionado con la adjudicación de obras a empresarios con los que se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades. Se corresponde, además, con la primera pieza separada de la macrocausa 'Operación Pokémon', instruida por Pilar de Lara.

En síntesis, determina el TS, los hechos probados recogen que el condenado contravino lo establecido en la Ley del Sector Público que obliga a los órganos de contratación a velar por que todos los licitadores reciban igual trato y a no facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Para ello, utilizó el procedimiento de adjudicación negociado, que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros y que impone la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas.