Le piden al Gobierno que atienda la sentencia del TC que avala la atención sanitaria universal
El 18 de diciembre es el Día Mundial de las Migraciones, una fecha a la que el Tribunal Constitucional le otorgó mayor trascendencia con su decisión, hecha pública este lunes, de permitir que en Euskadi las personas migrantes sin papeles puedan tener acceso a la atención sanitaria gratuita. El Gobierno vasco había aprobado hace meses un decreto que así lo aseguraba, pasando por encima de la decisión del Gobierno central que limitaba este derecho. El TC avaló la decisión del ejecutivo de Patxi López basándose en que limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no sólo a su salud, sino a la de toda la sociedad. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ya aseguró que la decisión no cambiará la situación del resto del Estado y que las personas migrantes sin papeles residentes en Euskadi ni siquiera podrán usar su tarjeta sanitaria fuera del País Vasco.
El Foro Galego de Inmigración organizó actos en A Coruña, Compostela y Ferrol este 18 de diciembre para demandar los derechos básicos de las personas migrantes y protestar contra el “acoso policial” que -aseguran- sufren. La cuestión del derecho a la salud se ha vuelto más importante si cabe debido a la decisión del tribunal. En este sentido Rubén Sánchez, uno de sus portavoces, declaró que “el gobierno debería adecuar la normativa a la sentencia del TC aunque de refiera al Pais Vasco. Lo que está claro es que el TC ha dicho que se tiene que atender gratuitamente a las personas migrantes”. Y concluyó que “deberíamos tratar a los inmigrantes como queremos que traten a nuestros emigrantes ahora que nuestros hijos se están marchando fuera”.
El Foro Galego de Inmigración denuncia que “desde que se aprobó la directiva europea que llamamos 'directiva de la vergüenza' no hay legislación que no sea xenófoba, porque es una norma hecha para negar una realidad. Las personas migrantes son seres humanos, pero como la directiva les niega su derecho a estar aquí, pues ya que están les negamos su dignidad humana”. El Foro también denunció la problemática de las mujeres empleadas de hogar, que en los últimos tiempos han vivido “un fortísimo retroceso de sus derechos laborales”.
En estos actos también se denunció “la política de persecución policial dirigida hacia el colectivo de personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, especialmente en Compostela y en Ferrol”. El Foro explica que en la primera parte del año era en A Coruña donde estas situaciones se producían con más frecuencia y que ahora en cambio es en las otras dos urbes donde se da: “nos parece un derroche que la policía gaste sus recursos en perseguir una falta administrativa. A mí me preocupa que alguien me robe en la calle pero no me preocupa cruzarme con una persona sin documentación”, comenta Rubén Sánchez.
