Las 15 mil firmas de la ILP contra la incineración llegarán al Parlamento la próxima semana
Los promotores de la iniciativa llevarán el martes a la cámara los apoyos recibidos por esta propuesta que pide un nuevo modelo de la gestión de los residuos, descartando la quema de la basura y apostando por las tres erres: reducción, reutilización y reciclaje. Eran necesarias 15 mil firmas para iniciar el proceso de la iniciativa legislativa popular y ese número se ha superado ampliamente. A partir de ahí los cuatro grupos con representación en el Hórreo debatirán la toma en consideración de la propuesta para que inicie su proceso en la cámara.
La Ley de Residuos de Galicia de 2008 ya establece las “tres erres” como “objetivo prioritario” y las directivas europeas en la materia, traspuestas a la legislación del Estado en 2011, “formularon el objetivo de transformar la actual en una sociedad del reciclado”, en palabras de los grupos promotores de la iniciativa. En este contexto llegó el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) en el mismo año 2011, un documento que, en su opinión, “cumple sólo en la teoría los objetivos” de la legislación anterior, ya que en su presupuesto “la suma de prevención, información, educación ambiental, recogida selectiva y otras medidas de reutilización y reciclaje alcanza el 18,1%”, mientras que “el 48% de la inversión se destina a una nueva planta de eliminación por incineración”.
La ILP pide la modificación del PXRUG, destinando no menos del 15% a la “reducción” de residuos y no menos del 60% “a la preparación para la reutilización para el reciclaje”. Paralelamente, la incineración quedaría “excluida, con o sin recuperación de energía -caso de Sogama- de las actuaciones a promover por la Xunta para el tratamiento de residuos”. Además subrayan que “se hace necesario clarificar y darle fuerza jurídica a la jerarquía que establece la prioridad de las tres erres”.
¿Cuáles serían las alternativas a esa desaparición de la incineración? Entre otras, la implantación del compostaje doméstico “como modelo prioritario, especialmente en los núcleos de población dispersa”, así como el “compostaje comunitario en pequeños núcleos, barrios y espacios urbanos”. Estas acciones se complementarían con plantas de reciclaje y compostaje comarcales “de tal forma que ninguna de ellas tenga una capacidad de más de 100.000 habitantes equivalentes” o, lo que es lo mismo “40.000 toneladas año”. Por lo tanto, la ley supondría poner en marcha unas 25 plantas en todo el país, que se complementarían con un sistema de recogida “puerta a puerta” en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Estos planes comarcales de reciclaje y compostaje crearían alrededor de 3.000 puestos de trabajo.
