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El pueblo gallego que ha vuelto a vencer a Fenosa para salvar sus árboles

Acción de protesta en la Fraga de Catasós

Lalín ha vuelto a vencer a Fenosa. La lucha de la ciudadanía ha vuelto a triunfar ante la compañía eléctrica, ahora Naturgy. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha dado la razón al Ayuntamiento en su defensa de la Fraga de Casas Vellas y desestima el recurso de apelación que había interpuesto Unión Fenosa contra la decisión judicial de un juzgado de Pontevedra de hace justo dos años, en la que se le denegaba la licencia a la compañía eléctrica para la construcción de la Línea de Alta Tensión (LAT) entre O Irixo y Lalín.

Fragas de Catasós: donde el pueblo ha vencido a la compañía eléctrica

Fragas de Catasós: donde el pueblo ha vencido a la compañía eléctrica

El dictamen comparte las conclusiones de la decisión anterior del juzgado pontevedrés y entiende que el proyecto de Fenosa debe "respetar la normativa en materia de protección del medio ambiente y del paisaje, así como sus elementos naturales". Añade, además, que mientras no se valore debidamente el impacto no se puede conceder la licencia "por razones de prudencia" y a la espera de los resultados de los informes solicitados para determinar dicho impacto, más sabiendo que el Ayuntamiento ha llevado a cabo ya actuaciones para que la Fraga de Catasós obtenga protección como espacio natural de interés local.

"Han de compartirse las conclusiones a las que se llega en la sentencia apelada", dice el TSXG en un dictamen que ordena el pago de las costas a Fenosa y que advierte de que es recurrible ante el propio Tribunal o el Supremo.

El Superior gallego, por tanto, vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Lalín después de varios años de batalla social liderada por la plataforma Salvemos Catasós y algún tiempo más de pelea burocrática por parte de los afectados. Les han dado la razón, además, en un conflicto de los que raras veces acaban girando hacia ese lado de la balanza. La compañía energética, ahora Naturgy, aclara que no hace comentarios sobre la sentencia. 

La actuación prevista por Unión Fenosa preveía talar hasta 2.000 árboles. La línea de alta tensión afectaba a una parte de una zona compuesta de especies autóctonas: robles, además de varios tipos de castaños, uno de ellos de más de 30 metros de altura. Además, las especies presentes en las 4,5 hectáreas registran una de las mayores tasas de crecimiento de toda Europa. El Decreto 76/2000 de la Xunta declaró la Fraga "Monumento Natural" por sus "características botánicas de gran importancia, singularidad y belleza" y el Decreto 67/2007 del Gobierno gallego creó el Catálogo gallego de árbores senlleiras y la incluyó como "formación singular". Pero ni eso ni la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni otras figuras de protección lograron detener la autorización de mayo de 2014 de la Consellería de Economía para que una línea de alta tensión (el proyecto sectorial de incidente supramunicipal LAT 132 kV O Irixo-Lalín) pasase por esa zona. Tampoco que haya constancia de que buena parte de Los Pazos de Ulloa haya sido escrita por Emilia Pardo Bazán paseando por este espacio.

Con todos estos antecedentes, en la la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Xunta ni se recogía la existencia de especies autóctonas, tal y como luego advirtió el Consello da Cultura Galega. Aun así, el anterior gobierno municipal del PP lo dejó pasar. "Fue una dejadez total; si llegamos aquí fue porque los técnicos del anterior ejecutivo avalaron el proceso sabiendo que estaba mal hecho; desde el gobierno local nos acusaron de politizar la plataforma y de tener interés electoral", relataba Celso Fernández, que vivió la lucha en la plataforma desde su inicio, hace dos años a Praza.gal.

El gobierno local lalinense actual considera que la sentencia "constituye una nueva victoria del conjunto de Lalín contra un proyecto con consecuencias ambientales nefastas y una clara derrota del Partido Popular por su gestión cómplice con Fenosa". Además, aclara que el dictamen insiste en que la iniciativa de la eléctrica "incumple la normativa ambiental, cuestiona las autorizaciones concedidas por la Xunta y sostiene que su puesta en marcha supondría un daño ecológico gravísimo e irreparable".

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