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Seis de cada diez personas que se quedan en paro en Galicia son menores de 35 años

La caída de la tasa de empleo en España la pone a 10 puntos de la OCDE

Miguel Pardo

Datos desoladores. Esos son los que recoge el informe del Mercado laboral en Galicia 2012 elaborado por la CIG tomando como referencia los datos de la EPA y que, tal y como destaca el sindicato, constatan el grave deterioro sufrido por la situación de los trabajadores gallegos en los últimos cinco años. Así, desde 2008 y hasta finales de 2012 aumentaron en 156.000 las personas desempleadas en el país, hasta sumar los 270.700, pasándose de una tasa de paro del 8,7% a otra del 20,7%, doce puntos más.

De esas 156.000 nuevas personas desempleadas, 47.400 -30.000 de ellos menores de 35 años, más del 63%- perdieron su puesto de trabajo en el pasado año 2012 o, lo que es lo mismo, 116 ciudadanos quedaron sin empleo diariamente en Galicia durante ese año hasta rozar ya los 300.000 despedidos, de los que 112.000 no cobran ningún tipo de prestación, lo que supone el 41,5% del total de parados.

En este mismo sentido, el estudio de la central nacionalista aporta datos en los que se aprecia que cerca del 30% de los parados llevan más de dos años sin empleo o que hay 84.500 hogares gallegos con todos sus miembros activos en paro.

Además, y tal y como destaca el informe elaborado por la CIG, es especialmente duro comprobar la cantidad de gente obligada a emigrar durante esta crisis. En total, 77.000 gallegos en los cuatro últimos años que, de sumarse a los actuales despedidos en el país elevarían el número de parados a casi las 350.000 personas y subirían la tasa hasta el 26,5% de la población activa y, por tanto, superior al promedio del Estado.

El secretario general de la CIG, Suso Seixo, alertó en la presentación del informe de que las previsiones no son mejores para 2013. Así, señaló que en los propios Presupuestos de la Xunta se habla de una caída en el crecimiento económico y una caída del PIB lo que irá acompañado de la pérdida de más empleo y de la destrucción de más puestos de trabajo.

Esto, a su entender, pone de manifiesto algo que la central sindical venía denunciando desde el inicio de la crisis, “que las reformas laborales no son la solución para la creación de empleo, todo el contrario” y que lo único que favorecieron fue facilitar y abaratar el despido. “Lo que se hizo fue dar pie a que las empresas hayan podido despedir a trabajadores fijos para sustituirlos por trabajadores con contratos temporales a tiempo parcial y además subvencionados, un auténtico chollo”, insiste.

Pero hay otro dato también importante y que centra una de las principales reivindicaciones para el 10 de marzo, Día de la Clase Obrera Gallega. No es otro que la negociación colectiva, “una herramienta básica para ir mejorando las condiciones laborales” de los trabajadores y que corre el riesgo de ir desapareciendo tras las facilidades que la reforma laboral da para que las empresas se puedan descolgar o no cumplir estos convenios “y que puedan firmar convenios de empresa por debajo del convenio del sector, algo que hasta ahora estaba prohibido”.

El objetivo, segundo la CIG, es provocar una caída generalizada de los salarios en el Estado español. Así, Suso Seixo recordó que hasta ahora los convenios, una vez perdían su vigencia se prorrogaban mientras no se firmaba el nuevo. Sin embargo, en julio de 2012 al firmarse la reforma, se limitó el período de prórroga, o sea, de ultraactividad, a un año. Eso implica que en julio de 2013 “en torno a 400.000 trabajadores corren el peligro de perder su convenio colectivo”.

Las consecuencias serían, según Seixo, gravísimas, porque se abren dos posibilidades: que las empresas se acojan a un convenio de ámbito superior, en condiciones inferiores al convenio provincial o de empresa, ya que normalmente en los de ámbito estatal las condiciones son inferiores a los de carácter provincial o de empresa. O, si no hay un convenio de ámbito superior en su sector, se impondrían las condiciones mínimas, Salario Mínimo Interprofesional y las condiciones laborales que fija el Estatuto de Trabajadores.

“Estamos ante un ataque sin precedentes a un derecho fundamental para la clase trabajadora como es el derecho a la negociación colectiva. Un ataque que se está dando no sólo en el Estado sino en todos los estados de la periferia de Europa. Se pretende provocar una caída generalizada de los salarios y precarizar las condiciones laborales para intentar ser competitivos frente otras potencias en el mercado internacional que tienen unas condiciones laborales peores”, añadió.

Ante esta situación, la central nacionalista acordó “negarse a firmar convenios de empresa que estén por debajo de los sectoriales, de negarse a pactar convenios sectoriales que supongan recorte de derechos laborales y, por lo tanto, promover la movilización y la contestación social necesaria para impedir que detrás de este recorte de derechos que se da en la negociación colectiva regresemos a condiciones laborales de hace 50 o 60 años”.

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