Más de 8.000 personas esperan por una vivienda en alquiler protegida por la Xunta
El derecho a la vivienda estuvo en el centro del debate público durante los peores años de la crisis a causa del incremento de los desahucios. Tras el brusco cierre del grifo de los excesos del crédito bancario y después de media década de recesión económica los desahucios aminoraron su cantidad y han tendido a concentrarse entre la población que vive de alquiler. Mientras, se han incorporado al debate público sobre el derecho a vivienda nuevos elementos como la proliferación de pisos de uso turístico que contribuyen a hinchar los precios y dificultan el acceso para fines residenciales. Al mismo tiempo, en Galicia unas 8.000 personas mantienen presentadas solicitudes formales de acceso a una vivienda alquilada con protección de la Xunta.
Con este telón de fondo el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, un proyecto del que el Gobierno de España destaca, precisamente, el nuevo paquete de ayudas al alquiler. Las principales son aportaciones de hasta 600 euros al mes -y “excepcionalmente”, hasta 900 euros, pensado para entornos con precios más elevados- que cubran un máximo del 40% del precio del piso, límite que puede llegar al 50% del importe de la renta para menores de 35 y mayores de 65 años. Estos subsidios se circunscriben, no obstante, para unidades familiares en las que los ingresos máximos no lleguen al triple del IPREM, esto es, poco más de 1.600 euros al mes. En el caso de una pareja, por ejemplo, dos sueldos superiores a 800 euros ya superarían este umbral.
Mientras este programa se ponen en marcha -tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero- en Galicia la principal radiografía de demanda de vivienda en alquiler es la que ofrece el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Este registro, dependiente de la Xunta, incluía con fecha de este 12 de marzo -se actualiza a diario- algo menos de 12.000 solicitudes de las que siete de cada diez son para viviendas en alquiler. La proporción se eleva ata casi el 90% sumando las más de 2.000 personas que querrían alquilar una vivienda protegida con opción de compra. Este volumen de solicitudes contrasta con la oferta, compuesta por un parque de alrededor de 3.500 viviendas protegidas en alquiler fundamentalmente dirigidas a “familias con bajos recursos”, según datos del propio Gobierno gallego de comienzos de este año.
Estas cifras se dan en un contexto en el que el suelo que los planes urbanísticos de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben reservar para vivienda protegida vuelve a bajar en Galicia. Este baremo, que la Xunta publica cada año basándose en una fórmula que tiene en cuenta factores como el número de habitantes y las solicitudes del Registro de Demandantes, se ha quedado para este 2018 en un valor medio del 4,93%, por debajo del 5,5% del 2017 y a gran distancia del establecido en la ley de medidas urgentes de vivienda y suelo del año 2008. Aquella norma fijaba el umbral en el 40% y el PP había considerado desde la oposición que se trataba de una limitación propia de la Unión Soviética que además, había argumentado, iba a subir los precios. En esta línea, lo modificó tras llegar a la Xunta.
Con actual sistema de cálculo menos de una docena de ayuntamientos están por encima de la media gallega en cuanto a suelo reservado para vivienda protegida. Un año más el mayor porcentaje es el de Vigo, con el 12,7%, seguido por Ferrol, Pontevedra, Brión y A Coruña, con más del 8%, y por Lugo y Santiago, por encima del 7%.
La oposición parlamentaria y ayuntamientos gobernados por fuerzas diferentes del PP señalan estos y otros indicadores como ejemplo de una política de vivienda que consideran errónea y que, han señalado en los últimos días, el nuevo plan estatal no va a poder enmendar, toda vez que el modelo de subvenciones puede propiciar que la 'burbuja' de los precios del alquiler se hinche aún más. Desde la Xunta, no obstante, se esgrime que están en funcionamiento programas como el de Viviendas Vacías, o el Bono Alquiler Social -200 euros durante 3 años para personas sin recursos-, que según ha detallado recientemente la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha beneficiado a “cerca de 500 familias en riesgo de perder su vivienda o con dificultades para acceder a un hogar”.
El Gobierno gallego alega también el hecho de que en los últimos meses ha apostado por la rehabilitación de casas para su puesta a disposición como vivienda protegida y que ha reactivado la promoción de vivienda pública con, por ejemplo, el inicio de los trámites para construir 40 pisos en A Coruña. Sin embargo, este y otros anuncios como los relativos a la recuperación de pisos en cascos históricos, llegan después de casi una década de declive en el presupuesto público para la construcción de vivienda protegida, que ha pasado de más de 50 millones de euros en 2009 a apenas 3 en 2017, año tras el cual ha iniciado una leve recuperación, hasta los 7 millones de euros del presente 2018.
Xunta y PP gallego atribuyen estos escasos recursos para la promoción de viviendas públicas a su apuesta política por la rehabilitación y reutilización de viviendas vacías. No obstante, este mismo lunes desde el Ministerio de Fomento el director general de Vivienda, Antonio Aguilar, apuntaba justo en la dirección contraria. En declaraciones a la Cadena SER el alto cargo del Ejecutivo estatal defendía sus ayudas económicas y advertía de que “la única forma de frenar la subido del alquiler” en términos generales es “construir más”.
