Los ayuntamientos gallegos no quieren que la inmunización contra el coronavirus de los trabajadores de los servicios de atención al hogar se convierta en un coladero de personas a las que no les corresponda vacunarse. La fórmula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) busca así evitar “infiltrados” en las listas que ha enviado a la Xunta de Galicia, todas con el “aval personal” de los primeros ediles “para dar fe de la veracidad” del registro.
La medida del ámbito municipal contrasta así con la despreocupación del Gobierno gallego. Después de que elDiario.es destapase la vacunación de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, o de varios directivos de Clece, la Consellería de Sanidade e incluso el propio Alberto Núñez Feijóo asumieron la versión de las empresas y no realizaron comprobación alguna. Según las compañías, estos ejecutivos están en contacto directo con los usuarios de las residencias que gestionan y de ahí la necesidad de inmunizarse. Empleados de las mismas niegan, sin embargo, semejante afirmación.
El caso es que los ayuntamientos quieren ahora curarse en salud. La relación de 5.548 personas que trabajan en los servicios de atención al hogar de 244 municipos y que optan a recibir la vacuna lo hacen con el aval de los alcaldes o alcaldesas. La elaboración de la misma comenzó este mes, después de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) pidiese ayuda a la Fegamp. La Fegamp quiere aprovechar el reparto de vacunas Astra Zéneca para “población menor de 80 años y prioritaria en los protocolos de inmunización”.
El registro continúa abierto.