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Los Franco insisten en retirar “todos los bienes y objetos” del interior del Pazo de Meirás con una petición ante el juzgado

Pazo de Meirás

elDiario.es Galicia

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Los herederos del dictador Francisco Franco han registrado ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña un escrito en el que solicitan la retirada de “todos los bienes y objetos” que hay en el Pazo de Meirás de Sada. En el documento, elaborado por su procuradora y recogido por Europa Press, la familia argumenta que “no consta” que ninguno de los objetos del interior del inmueble “aporte algo” a su distinción como bien de interés cultural (BIC) o “comprometa” sus posibles usos definitivos.

En un auto del pasado 4 de diciembre, el juzgado acordó designar al Estado depositario de todos los bienes muebles y accesorios del complejo del Pazo de Meirás mientras la sentencia que le otorgaba su titularidad no fuese firme. Seis días después, el 10 de diciembre, se produjo la entrega de las llaves del edificio y su paso a manos públicas.

Esta misma semana, la Dirección General del Patrimonio del Estado, a través de la Abogacía General, planteó que la familia del dictador se pueda llevar electrodomésticos y bienes sin inventariar, pero dejó abierta la posibilidad de retirar otros que sí están en el inventario que se hizo en noviembre. Sobre estos pedía “precisar mejor su grado de conexión” como BIC o en relación también a “los usos futuros” del inmueble.

Ahora, los Franco alegan ante el juzgado que el Gobierno no hace “la más mínima referencia a por qué, cómo o en qué medida” estos objetos “aportan algo” a la distinción como BIC y consideran que la autorización para la retirada “habría de hacerse extensiva a todos y cada uno de los bienes muebles” de su interior “y, por ende, a todos los detallados en el inventario”. El escrito presentado califica la medida cautelar de “excesivamente gravosa” para los descendientes del dictador, que no podrían “disfrutar y disponer de un considerable número de bienes muebles de su propiedad sin que exista una mínima justificación razonable”.

Una vez conocida la fecha en la que debían entregar el pazo al patrimonio público, tras más de 80 años en su poder, los Franco trataron de llevarse del inmueble numerosos objetos y obras de arte. El juzgado impidió este expolio con órdenes en las que impedía sacar ninguno de los bienes y pedían hacer un inventario del contenido, que reveló todos los objetos que la familia había ido acumulando allí a lo largo de los años.

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