La Justicia rechaza que la Xunta indemnice con 19 millones a promotores a los que paró viviendas ilegales en la costa de Lugo
En febrero de 2007 la Xunta, gobernada entonces por el bipartito de PSdeG y BNG, intervino el urbanismo de Barreiros, en la costa de Lugo, donde se estaba construyendo en fincas sin accesos, agua, saneamiento o electricidad. Sólo durante el año anterior el Ayuntamiento había otorgado licencias sin que se cumpliesen los requisitos para 2.966 viviendas en un municipio de apenas 3.200 habitantes, hechos por los que el alcalde y cinco concejales del PP y la arquitecta municipal están pendientes de juicio por prevaricación urbanística. Tras la orden de parar dictada desde la Xunta, promotores inmobiliarios que se consideraron afectados reclamaron indemnizaciones al Gobierno gallego, pero en los últimos tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha venido rechazándolas una tras otra.
Entre el 18 de enero y el 22 de marzo de este año el TSXG emitió nueve sentencias en las que desestima otras tantas peticiones de indemnizaciones contra la Xunta de promotores o propietarios de terrenos en Barreiros por un importe total que suma 19 millones de euros. Pero eso es lo que reclamaban ahora en la vía judicial, porque por esos mismos casos en la vía administrativa previa pedían a la Xunta más de 40 millones de euros. La justicia no sólo establece que no tienen derecho a indemnización sino que les impone el pago de las costas procesales y plasma en las sucesivas sentencias el amplio abanico de irregularidades en que incurrían esas promociones detenidas por el Gobierno gallego bipartito.
Los promotores sustentaban sus denuncias contra la Xunta en que el decreto con que el bipartito paralizó el urbanismo de Barreiros en 2007 fue declarado nulo en 2014 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma (no se expuso al público antes de dictarse). El TSXG argumenta que los promotores debieron pedir sus indemnizaciones cuando se pararon sus proyectos, en 2007, y no, como hicieron, tras la sentencia de 2014 que anuló esa parálisis. Pero añade que, en todo caso, ese decreto de 2007 que paralizó el urbanismo era temporal, por lo que el daño por el que reclamaban una compensación tampoco sería permanente. Y más allá de esa consideración, el tribunal analiza en cada sentencia las características de cada caso para concluir en todos ellos que las viviendas que no llegaron a construir y por las que reclamaban una indemnización serían todas ellas ilegales.
Hay casos de todo tipo. En un caso no consta que el demandante llegase siquiera a pedir licencia, otro no acredita la titularidad del terreno en el que pretendía construir y otro que tenía licencia no inició la construcción durante los más de dos años en que pudo hacerlo antes de que se anulase su permiso. Pero en todos los casos hay un hecho en común: ninguno de ellos podría construir porque cada terreno en cuestión carecía de los servicios urbanos precisos, fuese abastecimiento, saneamiento, electricidad o accesos. Buena parte de esos terrenos eran fincas agrícolas que los promotores, como constatan varias sentencias, compraron a precios ínfimos de entre 21 y 44 euros el metro cuadrado para obtener plusvalías que en aquella época alcanzaron “hasta el 20.000%”, según refleja el plan de urbanismo municipal ahora en elaboración.
Las sentencias también constatan excesos de altura, proyectos de apartamentos en zonas donde sólo se permitían viviendas individuales e inexistencia de evaluaciones ambientales allí donde antes de construir sería necesario elaborar un proyecto previo de urbanización. Cada promotor denunciante, concluyen buena parte de las sentencias, “nunca podía obtener una licencia directa para edificar en las parcelas en las que pretendía hacerlo, y por lo tanto no concurre el presupuesto necesario para hacer posible una indemnización”.
Una década después de la paralización del urbanismo de Barreiros, parte de aquellas promociones nunca llegaron a iniciarse, otras quedaron a medio construir y otras se finalizaron pero no se han conseguido vender. El municipio, que su regidor aspiraba a convertir en el Sanxenxo del norte de Galicia, en referencia a la villa turística de las Rías Baixas en la que veranea el presidente Rajoy, tiene hoy 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías. A pesar de esa situación, el Ayuntamiento insiste en prolongar ese modelo de crecimiento urbanístico, en algún caso incluso con subvenciones de la Xunta.
