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El PP gallego defiende dedicar 650.000 euros a sacerdotes en los hospitales “porque no molestan a la ciudadanía”

Capilla en el Hospital Lucus Augusti, en Lugo

David Lombao

Los Presupuestos de la Xunta para 2017, aprobados por el Parlamento el pasado febrero, contemplan 52 plazas de “atención especializada” en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) que no están destinadas a personal sanitario ni a profesionales que atiendan otras labores en el funcionamiento ordinario de los hospitales. Es el presupuesto destinado a sufragar hasta 41 curas a jornada completa y otros 11 con jornada parcial de los hospitales de la red pública del Sergas, una dotación de algo más de 652.000 euros en 2017 cuyo mantenimiento el PP acaba de defender en el Parlamento ante la iniciativa socialista que reclamaba su retirada y redirección a gastos sanitarios. “A la ciudadanía no le molesta” que la Xunta financie los sueldos de estos sacerdotes, mantienen los populares.

El origen de esta financiación pública está en los acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979 y se concretó en una orden de 1985, cuando la sanidad todavía no había sido transferida a las comunidades autónomas. En 1995, ya con la competencia transferida y con Alberto Núñez Feijóo en su secretaría general, el Sergas firmó un convenio con la Iglesia para mantener esta dotación presupuestaria. El acuerdo fue prorrogado sin variaciones en 2005, poco después de la llegada del bipartito de PSdeG y BNG al poder, y sus términos tampoco han variado tras el retorno del PP.

Estos pactos estipulan, entre otras normas, un número determinado de curas en función del número de camas del hospital -por ejemplo, un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial para centros de entre 100 y 250 camas-. Este es el motivo por el cual, como informó Praza.gal, el número de plazas de sacerdotes presupuestadas para los hospitales apenas varió durante la crisis económica -en 2010 el hospital de A Coruña pasó de 8 a 7 y en 2014 el de Ourense, de 10 a 8-, años en los que la plantilla de personal sanitario sí se vio recortada de forma notable. Las oscilaciones en el presupuesto total se deben a que estos salarios subieron o bajaron como los del personal sanitario.

No obstante, el hecho de que estas 52 plazas estén presupuestadas no implica que estén cubiertas en su totalidad. Así, por ejemplo, en una respuesta parlamentaria del año 2013 la Consellería de Sanidade especificaba que entonces en los hospitales públicos desarrollaban su labor “41 capellanes con un coste total de 531.384 euros”, lo que implicaba 14 plazas menos de las presupuestadas en aquel ejercicio. Ante esa diferencia el sindicato CIG-Saúde había reclamado que, al menos, esas plazas vacías de curas no se cubrieran más y fuesen sustituidas por “plazas estructurales” de personal sanitario.

“La iniciativa más demagógica”

A diferencia entre las plazas presupuestadas y las realmente cubiertas ha sido, precisamente, uno de los argumentos de la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo para oponerse este martes a la retirada de fondos reclamada por el PSdeG. “No hay ningún oscurantismo”, aseguró la parlamentaria, para acusar al autor de la propuesta socialista, Julio Torrado, de ofrecer datos que “no coinciden” con la realidad. Frente a los más de 650.000 euros a los que alude la iniciativa, la diputada conservadora maneja una “cuantía de 438.000 euros” y también un menor número de curas en ejercicido. Preguntada al respeto por este diario la Consellería de Sanidade se remitió a lo que se abordase en este debate parlamentario.

Más allá de las cifras Rodríguez-Vispo hace suyas las consideraciones escuchadas “esta mañana en la tertulia de la Radio Galega” para unirse a quienes, dice, “calificaron esta iniciativa como una de las más demagógicas de los últimos años”. Los acuerdos para financiar los sueldos de los sacerdotes, subraya, se remontan a la etapa de Felipe González, “un excelente político”, y sufragan “un servicio que funciona bien, que es bien valorado y muy demandado”. El PP, resalta, apuesta por el mantenimiento de los sacerdotes financiados por el Sergas porque en un Estado aconfesional el Gobierno debe “mantener relaciones de cooperación” con la Iglesia y “no tenemos nada en contra de ninguna de las religiones”. Además, agrega, gobiernos del PSOE como el de la Junta de Andalucía también los financian.

“Hablando de demagogia... Decir que nosotros estamos en contra de la religión no sé si es demagogia, pero es mentira”, replicó el socialista Torrado, quien advierte de que su iniciativa “en ningún momento dice que no haya que atender el credo de las personas” en los hospitales si así lo solicitan. “Lo que decimos es que no hay que financiarlo con dinero público” y que “hay un concordato” con la Santa Sede, “pero no obliga” a poner sobre la mesa un presupuesto que, en el caso gallego, subraya, permitiría “contratar 15 médicos de atención primaria o urgencias” o “20 fisioterapeutas”. “Es más importante contratar médicos, enfermeros o fisioterapeutas que curas”, sintetizó para defender una iniciativa que también recibió los votos a favor de En Marea y BNG.

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