Después de dos meses de importantes movilizaciones ciudadanas y de profesionales sanitarios en Verín, tras la supresión en el hospital comarcal del paritorio y de las urgencias pediátricas, y en medio de un conflicto sanitario que acumula protestas desde hace años, la Xunta parece querer tomar medidas. Por lo menos en lo que tiene que ver con las pancartas y los carteles en los centros sanitarios.
La Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidade y la Gerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han enviado esta semana los centros del sistema público sanitario de Galicia unas instrucciones sobre el “uso apropiado de los espacios públicos y de los tablones de anuncios” en las que advierte de las limitaciones de la cartelería después de haber ido “detectando determinadas prácticas” que “o bien no se ajustan a las debidas condiciones de limpieza y cuidado de las instalaciones, o bien pueden resultar injuriosas u ofensivas para determinadas personas, colectivos o instituciones”.
La circular, enviada para el conocimiento del personal sanitario y a la que tuvo acceso Praza.gal, dice que “hace falta regular” en este ámbito y advierte de que los centros públicos “pertenecen a todos los ciudadanos”, por lo que “la presencia de determinados símbolos, críticas a las diferentes políticas sanitarias o convocatorias a actos y concentraciones de protesta irían en contra del principio de neutralidad de las instituciones, propio de una sociedad pluralista”.
El Sergas alerta de que la presencia de estas críticas o convocatorias “sería incompatible con la presencia en espacios como pasillos, ascensores, paredes o puertas de edificios o centros públicos de carteles favoreciendo a determinadas formaciones políticas o ideológicas, lo que no se ajustaría al principio de neutralidad que todo poder público debe respetar”.
Con el encierro de ciudadanía movilizada contra el cierre del paritorio en Verín todavía activo en el hospital, con las protestas habituales de colectivos como el de la enfermería precaria o las reivindicaciones de personal que denuncia el “colapso” en diferentes servicios de Urgencias, el Sergas advierte del veto a carteles a favor de “determinadas formaciones políticas o ideológicas” o con críticas a su política sanitaria o de convocatorias. Así, recuerda que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que estos trabajadores deberán actuar “de acuerdo al principio de neutralidad”.
“El derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión no son ilimitados, por lo que no es posible permitir en centros públicos la exposición de carteles, notas o comunicados cuyo texto o imagen atente o vulnere otros derechos y, en general, aquellos que pudieran resultar injuriosos u ofensivos para personas, colectivos o instituciones”, dice.
Es ante esta sitaución ante la que el Sergas asegura que “hace falta regular la colocación de carteles, notas o comunicados en los centros sanitarios” para “permitir una difusión idónea de la información, poniendo fin a su colocación indiscriminada y velando por el cuidado de las instalaciones, que deben ser respetadas por el conjunto de empleados y usuarios”.
Así, el Sergas da una serie de instrucciones en las que indica que hay ya “tablones oficiales de anuncios o espacios habilitados para estos usos”, por lo que “no se permitirá la colocacion de carteles, notas, imágenes o comunicados en las paredes, ascensores, puertas o demás espacios públicos”. Advierte, además, de que los despachos donde el personal desarrolla su trabajo son también espacio público, “independientemente de que puedan acceder pacientes o personas ajenas al centro”.
En cuanto a los espacios habilitados, se podrán colocar anuncios “que se consideren necesarios por su trascendencia o requisitos legales” y será la dirección de cada centro quien gestione la “colocación, ordenación, actualización y retirada de lo que se anuncie”, además de decidir quitar los carteles que “por el contenido” o por no estar colocados en lugares permitidos deban desaparecer.
“No se permtirá, en ningún caso”, dice, la exposición de carteles con “contenidos racistas, xenófobos o que promuevan la discriminación”, así como “mensajes violentos, degradantes o vejatorios”, ni “difamatorios, falsos u obscenos” y que “atenten contra las personas, profesionales, instituciones públicas o privadas o cualquier otro ente”.
Los criterios de la dirección, además, deberán “basarse en el propósito informativo o social” de los anuncios y en que la información sea siempre “de interés público”. “Los carteles publicitarios o promocionales deberán estar relacionados con el ámbito sanitario, conteniendo precauciones, indicaciones, cursos formativos, campañas de vacunaciones, hábitos de higiene, de seguridad o similares”, añade.
La circular se refiere también a que los sindicatos más representantivos y con representación en el comité o junta de personal tienen a su disposición un tablón para difundir avisos, por lo que la responsabilidad de su gestión “recaerá” sobre ellos.
Por último, el texto advierte de que podrán exigirse responsabilidades al autor o autores de los carteles o quien los cuelgue si estos incluyen “textos o imágenes que vulneren derechos o libertades” o “atenten contra las personas, profesionales, instituciones púbicas u otros entes públicos o privados”.
Además, la circular --firmada por Alberto Fuentes Losada secretario general técnico de la Consellería, y Antonio Fernández-Campa, gerente del Sergas-- avisa de que “cualquier usuario o trabajador que considere que algún cartel está colocado en un lugar inapropiado o que por su contenido no debería ser expuesto, podrá dar traslado a la dirección del centro que, tras valorar su localización y contenido, podrá ordenar su retirada inmediata”.
Sergas: “No tiene que ver con ningún caso en particular”
Preguntado el Sergas por esta medida, destaca que “no tiene nada que ver con ningún caso ni ningún centro en particular” y recuerda que “la Administración Pública y las instituciones que de ella dependen deben perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, fundamentándose en los principios de neutralidad política, objetividad e imparcialidad, no pudiendo primar en su actuación a determinadas formaciones políticas o ideológicas frente a otras”.
Además, asegura que esta “colocación de carteles, anuncios y publicidad en lugares o con contenidos que podan vulnerar determinados derechos o libertades se vienen detectando desde hace tiempo de manera similar en diversos centros”. Con todo, dice que no ha notado más contenido inapropiado en los últimos meses, pero sí “que la cartelería aparecía colocada en lugares inapropiados, como paredes, ascensores, salas de espera o despachos, de manera totalmente aleatoria, con unos carteles superpuestos sobre otros, algunos de ellos rotos, dando una imagen de suciedad y desorden”. “Y con contenidos --añade-- que nada tenían que ver con el interés público ni relacionados con el ámbito sanitario, alguno de ellos injuriosos u ofensivos para determinadas personas, colectivos o instituciones”, remata.
No es la primera vez que el Sergas toma una medida polémica respeto de la cartelería o los anuncios en sus centros. La gerencia del Hospital Clínico de Santiago, y después de semanas de huelga y movilizaciones por el “colapso” de Urgencias, había decidido prohibir las grabaciones y requisar las pancartas.