La Xunta acumuló 500.000 euros de deuda con residencias privadas donde envía adultos a los que tutela
La Fundación Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga), dependiente de la Consellería de Política Social, es la entidad a través de la que la Xunta canaliza la tutela de hombres y mujeres que, por decisión judicial y tras evaluaciones forenses, carecen de capacidad para obrar de manera autónoma o gestionar aspectos de su vida cotidiana. Como informó Praza.gal, numerosas sentencias judiciales evidencian el desbordamiento de la Funga para ejercer sus funciones: con una plantilla de apenas 23 efectivos tiene que supervisar las finanzas y la atención sanitaria y social de más de 3.000 personas, muchas de las cuales padecen graves carencias de atención, llegando a cometer o ser víctimas de delitos, ejercer la mendicidad o tener que acudir a entidades sociales para satisfacer necesidades básicas.
A pesar de este desequilibro entre el número de profesionales y el de personas atendidas, la Xunta plasmó en sus Presupuestos Generales de 2018 su intención de no incrementar el personal de la Funga y mantener su asignación presupuestaria prácticamente intacta. No obstante, en las cuentas que acaban de entrar en vigor el Gobierno gallego obvió que esta entidad pública llegó a acumular recientemente una deuda de por lo menos medio millón de euros con residencias privadas a las que envió a personas adultas a las que tutela, en una nueva evidencia de las carencias de la Fundación y de los servicios de la Consellería de Política Social para ejercer sus competencias en la materia, en esta ocasión teniendo que recurrir a los servicios de empresas privadas.
El día 13 del pasado mes de julio la Consellería de Política Social realizó una primera inyección de 100.000 euros en la Funga. Según consta en el correspondiente expediente, la Funga tuvo que “optar” por “solicitar plazas en centros privados” para poder cumplir sus “deberes” de “atención personal y jurídica” a las personas adultas que tutela por orden judicial. Estas plazas “suponen un coste muy elevado” que “derivó en una deuda” con varias de estas residencias. “Uno de los centros -detalla el expediente-, que soporta la deuda más elevada, presentó una reclamación su cobro ofreciendo la posibilidad de acordar un calendario para su total cancelación”, con un “primer pago” por importe de esos 100.000 euros.
Cuatro meses después de esta primera operación, a mediados de noviembre, Política Social tramitó otra con una justificación prácticamente idéntica. En esta ocasión, el trasvase de fondos hacia la Funga fue de 400.000 euros “para reducir dicha deuda” con las residencias privadas. Concretamente, la “que corresponde a personas que en la actualidad ya no están ingresadas en centros privados”.
Tanto la aportación de julio como la de noviembre salieron de una de las partidas presupuestarias más publicitadas por la Consellería y por el propio presidente de la Xunta, el Bono Cuidado, esto es, la ayuda habilitada por la Xunta para que las familias puedan solicitar apoyo económico para “la atención a domicilio de niñas y niños menores de 3 años” que, atendiendo a la convocatoria de 2016, estaba financiada con 2,3 millones procedentes del Presupuesto de 2017. Siempre según los expedientes tramitados por el departamento que dirige el consejero José Manuel Rey Varela, el dinero para pagar las residencias privadas con las que la Funga mantenía deudas pudieron salir de esta partida porque “una vez finalizadas las adjudicaciones derivadas” de dicha orden de 2016, quedaba “crédito suficiente”.
El Gobierno gallego culminó ambas operaciones con una modificación del presupuesto de la Funga por importe de 500.000 euros, firmada el día 20 del pasado noviembre. Ese medio millón de euros se incorporó en concepto de “ayuda monetaria” y modificó por el importe correspondiente la cuenta de pérdidas y ganancias de la fundación pública, que en el pasado ejercicio manejaba un presupuesto de poco más de un millón de euros, la la mayor parte correspondientes a transferencias de la propia Consellería -más de 900.000 euros-, a las que se añadía una previsión de ingresos por cuotas de la personas usuarias de casi 67.000 euros.
